Cuando Ale S. piensa en las cifras de la impunidad, se aterra al pensar que pudiera formar parte de esas estadísticas que afirman que sólo una de cada 10 personas que denuncia violación, obtiene justicia.
Pasaron ya tres años desde que inició el proceso en contra de su ex pareja Javier G. R, a quien denunció por violación agravada en contra de su hija, agredida sexualmente durante su niñez y adolescencia. Con el indiciado en la cárcel y el caso en mano de los tribunales, la balanza está por inclinarse.
“Trato de no perder las esperanzas; por ahora no puedo decir que tengo la justicia al cien. Tengo miedo y porque él tiene y ha tenido cobijo. Tengo miedo de que me vayan a agredir, de que lastimen a mis hijas”, expresa Alejandra.
Tras el fallecimiento de su primer esposo, Alejandra entabló una relación con Javier G.R y procrearon dos hijas. Con el tiempo la pareja se separó y dos años después su hija mayor rompió el silencio respecto de la violencia ejercida por su padrastro.
A los dos días de aquello, el 17 de mayo de 2017, Alejandra interpuso la denuncia penal y fue hasta dos años más tarde, en 2019 cuando giraron la orden de aprehensión en contra del indiciado, entonces regidor de Obras de San Jacinto Amilpas.
Si bien el juez falló a favor de la denunciante, la vinculación a proceso fue por violación equiparada, lo que llevó a la liberación de la persona.
Dispuesta a no darse por vencida y no descansar hasta lograr justicia, Alejandra hizo todo por rescatar el caso para ser juzgado conforme la magnitud de las agresiones.
“El caso estaba ya perdido por todas las anomalías que había hecho la ministerio público y por parte de mi asesoría legal que era de gobierno, porque no tenía dinero para pagar un abogado. Con la ayuda de familiares pude contratar dos abogados particulares quienes giraron un amparo a un juez federal para que se revisaran el caso”.
Ganado el amparo, la parte imputada interpuso una revisión del resultado del amparo y después de un año entró la resolución. El lunes 30 de noviembre se presentaron a la audiencia en la cual el juez, con base en el amparo fallaron a favor de la denunciante calificando el delito como violación agravada por haber sido un miembro de la familia. “Él tenía el papel de papá”.
No obstante, el juez vertió deficiencias de la Fiscalía en decir que el dictamen ginecológico no está hecho por un médico ginecólogo, ya que efectivamente la Fiscalía no cuenta con personal con dicho perfil; por otro lado, también se señalaron inconsistencias en la valoración psicológica misma que fue hecha por una persona conocida del presunto agresor. “Yo se lo hice saber en su momento al Ministerio Público quien me dijo: no se preocupe, esto es un trabajo y se hará de forma profesional. Posteriormente se filtra la carpeta de investigación de mi hija y los mismos regidores que estaban entonces vinieron a mi domicilio para ofrecerme ayuda con respecto a mi carpeta”, relató.
