Los elementos viales, servidores públicos destinados a vigilar el respeto y cumplimiento a las normas de movilidad, forman parte de la lista de autoridades que han incurrido en conductas de violación a los derechos humanos.
En este año la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) abrió 10 expedientes de quejas, 9 por retención de vehículos y 1 por corrupción. Esta problemática no es nueva, en 2018, la DDHPO inició 7 quejas por retención de documentos, 10 por retención de vehículos y 2 por corrupción.
Desde el 27 de octubre del 2017, fecha en que se publicó en el Periódico Oficial del Estado la reforma a la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad del Estado de Oaxaca, en ningún caso los elementos de tránsito están facultados para asegurarar como garantía del pago de las infracciones, el permiso para circular, la tarjeta de circulación, la licencia de manejo o placas a los conductores que infrinjan esta ley o su reglamento.
Lo anterior tenía la finalidad de eliminar precisamente actos de corrupción o abusos. Las modificaciones constituían un candado a la actuación libre e impune de los oficiales a cargo de respetar la norma. Sin embargo, hasta el momento lo anterior no ha surtido el efecto en su totalidad.
A nivel percepción ciudadana, los elementos de tránsito están ubicados como los segundo más corruptos, sólo por debajo de los jueces, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019 resultados para Oaxaca.
En este rubro el 68.0% de las personas encuestadas consideró que la policía de tránsito era la más corrupta, aunque comparado con el porcentaje a nivel nacional, la cifra es ligeramente menor.
De la misma manera el grado de desconfianza hacia ellos es el más bajo por sobre los demàs servidores pùblicos con sólo un 49.5% de fiabilidad en su desempeño.
