Por Redacción NOTICIAS
Houston.— Un jurado federal en Texas emitió este viernes un veredicto de culpabilidad contra el empresario mexicano Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, señalado por participar en una red de corrupción destinada a pagar sobornos a funcionarios de Pemex y su filial Pemex Exploración y Producción (PEP), con el propósito de asegurar contratos y obtener beneficios económicos ilícitos.
La investigación del Departamento de Justicia reveló que Rovirosa, de 46 años y residente legal en Estados Unidos, destinó más de 150 mil dólares en pagos ilegales, artículos de lujo y otros beneficios a al menos tres servidores públicos vinculados con PEP. A cambio, empresas relacionadas con el empresario obtuvieron ventajas indebidas y aseguraron negocios que, según las estimaciones oficiales, representaron ganancias superiores a 2.5 millones de dólares.
El esquema operó entre 2019 y 2021 y contó con la participación de otros involucrados, incluido Mario Alberto Ávila Lizárraga, también ciudadano mexicano con residencia en Texas, quien permanece prófugo. Ambos actuaron desde el área de Houston y The Woodlands, donde coordinaban la entrega de recursos para garantizar la continuidad de contratos con Pemex.
La fiscalía estadounidense sostuvo que el caso constituye un ejemplo de cómo redes de corrupción pueden operar desde territorio estadounidense para influir en instituciones extranjeras. Las autoridades recalcaron que la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) prohíbe expresamente este tipo de operaciones, aun cuando los sobornos se efectúen fuera del país.
Tras el juicio, Rovirosa fue declarado culpable de conspiración y de dos cargos por violaciones a la FCPA. Solo fue absuelto de uno de los cuatro cargos que enfrentaba. De acuerdo con la sentencia pendiente, podría recibir hasta 15 años de prisión.
Agencias como el FBI, la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC-OIG) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI) formaron parte de la investigación que llevó al empresario a los tribunales federales.
Las autoridades señalaron que el caso evidencia la vigencia y alcance de las leyes anticorrupción de Estados Unidos, y advirtieron que quienes utilicen mecanismos financieros o estructuras empresariales desde su territorio para sobornar a funcionarios extranjeros enfrentarán consecuencias severas.
