Desde hace cuatro meses Juan González apenas concilia el sueño. Su corazón está lleno de tristeza y sus pensamientos de incertidumbre, aunque de algo está seguro, no dejará de buscar a su hija Itzel y, de ser necesario -afirma-, acudirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para lograr que las instancias de procuración de justicia avancen en el caso.
“Como familiares también nos están matando. Ha pasado mucho tiempo, no podemos comer ni dormir. Es muy triste esto. Es una incertidumbre grande”, expresa al recordar que hace dos meses la Fiscalía de Justicia de Oaxaca informó, sin tener pruebas de ADN, que el cuerpo de la joven estudiante de enfermería había sido hallado en una fosa clandestina.
Refiere que la Fiscalía informó que los restos serían estudiados, pero la familia no vio el cuerpo, tampoco le fue entregado algún objeto personal de Itzel, joven estudiante de enfermería.
“Nos dijeron que ya estaba localizada, pero realmente no tenían pruebas contundentes que demostraran que sí es. Hasta la fecha no tenemos nada... Hasta ahorita no hay una respuesta concreta y contundente”.
Después de eso, no ha habido más, ni los resultados de ADN ni más detenidos de los dos que fueron presentados como directamente responsables. “No creo que esos personajes hayan sido los únicos que participaron, pero además hay una contradicción en los presos. Rubén Vasconcelos (fiscal de Oaxaca) nos prometió dar información del proceso que se iba a seguir, porque parecía que la fiscalía de Tuxtepec pretendía terminar el caso al encontrar los restos de los cuerpos y las pruebas de ADN. Hasta la fecha no tenemos mayor información”, destacó.
A inicio de semana la familia se trasladó a Ciudad de México para solicitar la intervención de las autoridades federales en la búsqueda de Itzel.
“Llevamos cuatro meses, siete días, desde que desapareció mi hija; en todo ese tiempo hemos visto tortuguismo en la investigación”.
Juan tiene la certeza que una actuación a tiempo de la fiscalía hubiera evitado el martirio que ahora están enfrentando.
“Queremos que la autoridad que corresponda haga su papel y modifiquen protocolos porque a las víctimas hay que atenderlas inmediatamente. Dicen que se actúa después de las 72 horas, imagínese que puede pasar en esas 72 horas con la víctima, y la policía no hace nada mientras no se cumplan los protocolos. Nosotros desde el siguiente día fuimos a la fiscalía para que se procediera, pero nos pasaron a pura entrevista la primera semana. No actuaron a tiempo”, concluyó.
