El Poder Judicial de Oaxaca (PJE) es referente a nivel nacional en materia de jurisdicción indígena por contar con una sala especializada y reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como avances importantes en el tema que garantizan el acceso a la justicia de los pueblos originarios, afirmó el magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, presidente de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJO).
Señaló que desde su instalación en el año de 2016 a la fecha, este órgano especializado ha formulado diversas sentencias en las que se requiere conocimiento y apertura para juzgar con perspectiva indígena, tomando en cuenta el contexto pluricultural del territorio oaxaqueño en el cual conviven actualmente 18 grupos étnicos de los 65 que hay en México.
El magistrado Cordero Aguilar expuso que en la Sala Indígena se han atendido aproximadamente 150 casos de los cuales cinco han trascendido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); “estamos rompiendo paradigmas, trabajando desde la pluriculturalidad, es decir, construyendo un nuevo discurso, una nueva prosa de los derechos fundamentales”, enfatizó.
De igual manera, puntualizó que con la creación de este organismo se ha puesto sobre la mesa la visibilización de los diferentes tipos de justicia indígena que existen en el país y de manera particular en Oaxaca, ya que resulta interesante observar cómo resuelven los pueblos originarios sus conflictos.
“Hay un marco normativo importante pero que sigue siendo insuficiente porque mayoritariamente las comunidades indígenas de Oaxaca continúan en la exclusión, en la pobreza, en el rezago y se sigue criminalizando el ejercicio de sus derechos”, expresó en entrevista en el programa Poder Judicial Conecta, difundido por las redes sociales de la institución, donde se abordó el tema “Pluralismo Jurídico”.
Manifestó que de una u otra manera el Estado monopolizó tanto la producción del derecho como el ejercicio de la jurisdicción en la solución de sus conflictos, por lo que muchas autoridades siguen con esa inercia y se niegan a respetar la potestad que tienen las comunidades indígenas para resolver sus asuntos.
El Poder Judicial del Estado, es la única institución en el País, incluso en toda Latinoamérica que cuenta con una Sala de Justicia Indígena con la cual ha marcado una orientación decidida en el reconocimiento de la jurisdicción de los pueblos originarios.
