De acuerdo a los cálculos de la Regiduría de Ecología y Grupos Vulnerables a cargo de María Elena Martínez Arnaud, son casi 100 los indigentes que deambulan por las calles de la capital oaxaqueña, ello sin contar con los migrantes que a últimas fechas aparecen por los principales cruceros o en el transporte público que dicen ser colombianos.
Entre limosneros, dipsómanos y enfermos psiquiátricos, las imágenes de los principales parques de la capital se ven afectadas debido a las condiciones insalubres en que se asientan y conviven en esos espacios.
Ante las afectaciones, crecen las críticas de la sociedad que culpan a la autoridad municipal.
Al respecto, la concejal Martínez Arnaud negó que exista indiferencia del edil y su cabildo a una situación que reconoció se convirtió en un problema de salud pública y el cual comienza a salirse de control porque hay una serie de situaciones que frenan su solución.
“El asunto del respeto a sus derechos humanos es el más relevante porque la ley nos impide actuar en ese sentido, sin embargo, es importante destacar que el problema no es solo del ayuntamiento sino de los tres niveles de gobierno”, indicó.
Recordó que en la administración de Luis Ugartechea Begué se creó el programa Psiquiatría Comunitaria, por el que se abrió un albergue para la atención de ese tipo de personas, que funcionó con aportaciones de la Sociedad Civil y el cual fue desaparecido en la administración de Javier Villacaña Jiménez.
“Desafortunadamente y a pesar de haber sido un éxito, no se ha podido retomar ese esfuerzo, pues el gobierno municipal no cuenta con los recursos suficientes; pero insisto, este tema debe incumbir también a los gobiernos estatal y federal, a través del DIF o de la Secretaría de Salud”, dijo.
Aseguró que el presidente municipal está atento al tema, sin embargo, los tiempos son cortos para que se accione de inmediato, pues son varios factores los que inciden en el tema.
“Es de reconocerse que hay un hueco de este tema en los tres niveles de gobierno, ya hubo la experiencia de que se puede hacer algo por los indigentes pero, en ese ejercicio deben participar el estado, el municipio y por supuesto la instancia de defensa a sus garantías”, puntualizó la concejal.
