Tras una reunión que sostuvo el Comité Técnico para el Rescate y Justicia de los Mineros de Pasta de Conchos a 14 años de la tragedia, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció que las acciones tardarían por lo menos 4 años en hacerse efectivas, pero manifestaron que el proyecto permanece.
Dicha reunión que se sostuvo durante los primeros días de julio, donde se tuvo la presencia de la titular de la STPS, Luisa Alcalde, así como representantes de la Secretaría de Economía en el área de minería, organizaciones y familiares de Pasta de Conchos, hizo un análisis de los avances y lo consiguiente en la propuesta que fue entregada por un grupo de expertos internacionales como la más viable para realizar las labores de rescate.
Critsina Auerbac de la Organización de Familiares de Pasta de Conchos, dio a conocer que en esta reunión se llevó a cabo a través de las plataformas digitales, también concluyó con la información aportada, que la mejor manera de llevar a cabo los trabajos, será realizando nuevos inclinados y cañones (de minas) para accesar al punto donde los mineros quedaron atrapados.
“Mientras ellos hacían toda la cuestión de los estudios, ya se había tenido reuniones con sobrevivientes, rescatistas y otros mineros que estuvieron en un horario anterior, con las que llegaron a la conclusión de que esa era la mejor manera de hacerlo”, expresó.
Dijo, que aunque podrían ser 4 años de trabajo, esta manera es la más viable para salvaguardar la vida de quienes desarrollen el trabajo, mientras que la propuesta del Sindicato de Gómez Urrutia, es que se realice en un lugar más próximo al punto donde se piensa que los mineros quedaron atrapados y con un menor presupuesto.
En ese sentido, agregó que estas acciones se hacen por respuesta del Estado Mexicano frente al caso que desarrolla la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues las autoridades del país finalmente tendrán que llevar a cabo este rescate como parte de una solución, pero también deberán cuidar otros derechos como lo son la no repetición de actos como el que sucedió frente a los 65 mineros en la mina propiedad de Grupo México.
“Esto es parte de las condiciones de la solución amistosa ante la CIDH. El acuerdo quiere decir que tenemos la voluntad de resolver el caso sin que haya una sentencia”, expresó.
El costo de esta acción, tendría un costo de unos 75 millones de dólares según lo que se ha estimado, aunque todavía no existen costos exactos pues apenas se desarrollará el informe de ingeniería detallada donde se establecerá todo lo que deberán utilizar como sistemas de extracción, bombeo de agua, ventilación, y equipos de trabajo.
