Al cumplirse ocho años del crimen, las familias de los activistas Alberta “Bety” Cariño Trujillo y Jyri Jaakkola Antero recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la denegación de justicia del Estado mexicano.
Omar Esparza Zárate, esposo de la activista, dijo que la CIDH, una entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA), constituye una de las últimas oportunidades para castigar el homicidio, porque en México no se garantiza por ninguna vía el derecho a la justicia.
“La justicia mexicana ha fracasado, se agotó la posibilidad”, señaló.
Expuso que si bien seis de los 13 implicados en el crimen están detenidos, ninguno de ellos ha recibido alguna sentencia condenatoria.
“Lo que queremos es la detención y sentencia a todos los implicados, para romper la impunidad”, anotó.
Aunque, subrayó que aparentemente uno de los detenidos ya fue condenado, pero con un procedimiento irregular de la Fiscalía General del Estado, por presentar a supuestos testigos de cargo.
“Ni los sobrevivientes ni los verdaderos testigos estuvieron en alguna audiencia”, anotó.
Consideró que la Fiscalía General del Estado actúa de esta manera para generar impunidad, porque seguramente en dos años saldrá libre el detenido.
“Parecería que cuando la fiscalía quiere puede generar juicios y lograr que se sentencien a los responsables”, apuntó.
Destacó que la actuación de la Fiscalía General del Estado obedezca también a la gran presión internacional sobre el Estado mexicano
“Quizá no quiere quedar mal en el escenario internacional, pero no puede hacer este tipo de cosas”, remarcó.
Esparza Zárate dijo que un grupo de abogados está trabajando con las dos familias para recurrir a la CIDH y así lograr una respuesta a su reclamo, porque el crimen no puede quedar impune.
“No hay de otra manera, no nos queda otra, no tenemos confianza en las instituciones de la justicia nacional”, terminó.
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Los activistas Bety Cariño Trujillo y Jyri Jaakkola Antero fueron asesinados por miembros del grupo paramilitar de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), el 27 de abril del 2010, durante una caravana humanitaria al entonces municipio autónomo triqui de San Juan Copala.
