A casi un año de la solicitud al Congreso del Estado, comenzó a caminar el proceso hacia la revocación de mandato del presidente municipal de Tlacolula de Matamoros, Carlos León Monterrubio, por haber incurrido en violencia de género.
A través de un amparo, la ciudadana Elizabet Sánchez González logró que el Congreso Local contestara la petición hecha en noviembre de 2019.
Con fecha 9 de octubre de 2020, la legislatura pidió a la solicitante ratificar su petición que forma parte del expediente CPG/304/2019; en tanto solicitó al presidente municipal que produzca su contestación, “so pena de declararlos en rebeldía y presuntamente confesos”. El plazo establecido por el Congreso fue de 10 días.
El 20 de octubre de 2019 circuló en redes sociales un video en que se ve al edil dirigirse a un grupo de hombres manifestando su intención de renunciar al cargo. En éste también se jactaba de haber contraído matrimonio cinco veces y se refería de manera grosera y violentan contra sus exesposas, a quienes llamó calificó como “pendejas”.
En su momento, la activista argumentó que con base a lo establecido en el artículo 61 fracción V de la Ley Orgánica Municipal, haberse referido a las mujeres de manera grosera, misógina y violenta, es causal grave para la revocación del mandato.
El artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca -refirió- establece que los servidores públicos “deben de observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste”.
Con sus expresiones, -agregó- el edil contraviene los principios de legalidad al no observar la Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de Violencia de Género y los tratados Internacionales que ha signado México en Materia de No discriminación y No violencia hacia las Mujeres.
Sánchez González destacó que la misma Ley de Responsabilidades, en su fracción L del artículo 56, abunda que los servidores públicos deben atender en tiempo y forma las recomendaciones públicas no vinculatorias, propuestas, denuncias, quejas o cualquier resolución que emitan los órganos defensores de los derechos humanos en el ámbito de su competencia, en este caso, la Conavim, en su momento también llamó al edil a ofrecer una disculpa pública a las mujeres de Tlacolula por sus expresiones. El exhorto no fue atendido.
"Los servidores públicos deben de observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación”. Elizabet Sánchez González, activista.
