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PJEO garantiza que los procedimientos judiciales se respeten plenamente

Foto(s): Cortesía
Ana Lilia Pacheco

La evolución y transformación del sistema de justicia ha logrado grandes avances en relación a la protección de los derechos humanos; por ello, una prioridad en el Poder Judicial del Estado es garantizar que en los procedimientos judiciales, no solo del orden penal, sino también de otras materias, se respeten plenamente las facultades fundamentales de la personas.


De acuerdo con especialistas, el debido proceso es el conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal, para asegurar o defender los derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito.


Incluye también las condiciones que deben cumplirse para asegurar que toda persona acusada de un delito pueda defenderse y garantizar el cumplimiento de sus derechos.


En este sentido, desde el inicio de su administración, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, estableció como uno de los ejes de su gestión la humanización de la justicia y el compromiso de transversalizar las perspectivas de derechos humanos, género y pluralismo jurídico, así como modernizar e innovar el sistema judicial.


De esta manera, para llevar a cabo dicha tarea, juezas y jueces así como personal jurisdiccional se capacita de manera permanente sobre las formalidades que deben tener presentes con el propósito de asegurar las libertades de la persona acusada de cometer algún delito.


Dentro de los puntos prioritarios se encuentran el derecho a ser escuchado públicamente por una jueza o juez del tribunal competente, en un acto transparente, abierto, con las adecuadas oportunidades y con un plazo razonable.


Para esto se contempla un proceso relacionado directamente con el debido proceso legal, que inicia con un aviso de inicio del procedimiento; después la oportunidad de ofrecer pruebas y alegatos; posteriormente la resolución de las cuestiones debatidas y, finalmente, la posibilidad de reclamo en la resolución.


En ese sentido, si un ciudadano o abogado litigante necesita información u orientación no sólo del área jurisdiccional sino administrativa del Poder Judicial, puede comunicarse a la línea telefónica del Centro de Respuesta Inmediata JusticiaTel, 800 719 22 32, donde será atendido por personal especializado y con experiencia que les brindará el apoyo requerido.

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