La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado al Estado Mexicano adoptar medidas cautelares para resguardar la integridad de organizaciones, grupos o comunidades de personas determinadas que viven en Oaxaca en los últimos ocho años.
Dos de estas medidas cautelares fueron solicitadas por la Comisión en 2018, lo que convierte a la entidad en el estado con mayor prevalencia de estas peticiones, pues a nivel nacional el organismo, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), emitió seis.
Apenas el 6 de septiembre la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Marbeli Vivani González López y familiares de Yaneth González López, quien fuera asesinada el 26 de marzo de 2018 y fungía como tesorera municipal de Constancia del Rosario, en la región Mixteca de Oaxaca.
La occisa habría militado activamente en el Movimiento de Unificación de la Lucha Triqui (MULT), dedicándose a proyectos de impacto social en las comunidades locales y otras de la región triqui, recibiendo amenazas de muerte explícitas ya desde el año 2016 por parte del entonces presidente municipal, por cuestiones presupuestarias.
La solicitud alega que las once personas que forman parte del núcleo familiar de Yaneth González López se encuentran en una situación de grave riesgo desde l asesinato, por exigir el esclarecimiento de lo ocurrido.
Bajo riesgo
Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la CIDH considera que la información presentada demuestra, en principio, que Marbeli Vivani González López y demás familiares de Yaneth González López se encuentran en una situación de gravedad y urgencia.
El 4 de enero de 2018, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de Lucila Bettina Cruz y su núcleo familiar en Juchitán de Zaragoza. El análisis señala que esta familia se encontraría en una situación de riesgo producto de sus acciones de defensa de los derechos de los pueblos indígenas frente al denominado proyecto Eólica del Sur.
"La Comisión solicitó a México que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Lucila Bettina Cruz y su núcleo familiar; para que pueda desarrollar sus actividades como defensora de derechos humanos sin ser objeto de amenazas, hostigamientos y actos de violencia en el ejercicio de sus funciones; y que concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes", destaca el organismo.
Medidas cautelares anteriores
El 8 de noviembre del 2013 la Comisión solicitó al gobierno mexicano para proteger la vida de Lorenzo Santos Torres y su familia pues estarían en riesgo en el marco de un conflicto social y agrario en el municipio de Santiago Amoltepec, en la Sierra Sur.
En 29 de mayo de 2012 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los 76 integrantes de la comunidad indígena triqui de Valle del Río San Pedro, San Juan Copala, Putla de Guerrero, Oaxaca, en México. La solicitud de medidas cautelares indica que 76 personas integrantes de la comunidad Triqui asentados actualmente en Valle del Río se encontraría en una situación de riesgo.
La CIDH pidió al Estado Mexicano otorgar medidas cautelares a un total de 135 habitantes de San Juan Copala el 7 de octubre de 2010 la CIDH. La solicitud alega que estos miembros del pueblo indígena triqui de San Juan Copala en Oaxaca se encontraban desplazados a consecuencia de repetidos ataques violentos en su contra por parte de un grupo armado.
El 23 de abril de 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de José Alejandro Solalinde Guerra, David Álvarez Vargas, Areli Palomo Contreras, Mario Calderón López y Norma Araceli Doblado Abrego, quienes trabajan o se encuentran en el Albergue del Migrante Hermanos en el Camino de Ixtepec, Oaxaca.
