Por estar en riesgo su vida e integridad física, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la defensora comunitaria, Lucila Bettina Cruz Velásquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT).
De acuerdo con un informe de ese organismo, la mujer zapoteca se encuentra en riesgo por su trabajo y lucha en contra de la imposición de los parques Eólica del Sur y Mareña Renovables, en los municipios de Juchitán de Zaragoza y San Dionisio del Mar.
Cruz Velásquez, junto con los afectados, ha presentado esta problemática en diferentes foros y organismos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y en el Banco Interamericano de Desarrollo, por la falta de respeto y garantía de derechos humanos, tanto por el gobierno de México, como por las empresas privadas, hacia el pueblo binni'zaa (zapoteco).
En el Istmo de Tehuantepec, se encuentran operando 21 parques eólicos, aunque su instalación ha ocasionado el despojo de tierras, alteración de las formas de subsistencia, costumbres y creencias de las comunidades indígenas.
La media cautelar de la CIDH se suma a la resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia de México (SCJN) de ejercer su facultad de atracción para conocer un amparo presentado por la comunidad indígena zapoteca de Juchitán de Zaragoza, contra la instalación del parque eólico de la empresa española Eólica del Sur, porque no medió una consulta libre, previa e informada.
De 2014 a 2015, se hizo una simulación de consulta con “una serie de vicios procesales y una marcada violación a los principios rectores de los derechos” que derivaron en intimidaciones y falta de claridad, sobre cómo se verán afectados en sus actividades diarias como la agricultura y la pesca, denunciaron las organizaciones ProDesc y PODER.
