Por Reuters
Un juez federal de Estados Unidos dictaminó ayer miércoles que la política de la administración del presidente Donald Trump que permite la rápida deportación de migrantes a países distintos al suyo, sin darles una oportunidad significativa para plantear sus temores de persecución o tortura, es ilegal y debe ser derogada.
El juez federal de distrito, Brian Murphy, en Boston, emitió un fallo definitivo en el que declara inválida la política del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en un caso que, según el Gobierno, será finalmente resuelto por la Suprema Corte de Estados Unidos.
Sin embargo, el juez, nombrado por el expresidente demócrata Joe Biden, suspendió la entrada en vigor de su fallo durante 15 días para dar tiempo al Gobierno para presentar un recurso, dada la "importancia y la historia inusual" del caso.
El alto tribunal ya ha intervenido dos veces en el caso, primero levantando una orden judicial preliminar dictada por Murphy en abril para proteger los derechos procesales de los migrantes que se enfrentan a la deportación a terceros países, y más tarde allanando el camino para que ocho hombres fueran enviados a Sudán del Sur.
Mientras estuvo en vigor, la orden judicial anterior obstaculizó los esfuerzos del Gobierno para enviar a los migrantes a países distintos de sus lugares de origen, entre ellos Sudán del Sur, Libia y El Salvador.
