El Estado mexicano ofreció disculpas públicas por graves violaciones a derechos humanos en tres casos de desaparición forzada, entre ellos el de Jesús Israel Moreno Pérez, estudiante de la facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien fue visto por última vez el 8 de julio de 2011 durante sus vacaciones en Chacahua, Oaxaca.
Lo anterior lo informó la presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la 64 Legislatura, Magaly López Domínguez, quien asistió al evento en el que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que el Estado mexicano incurrió en violaciones graves a derechos humanos en estos casos y ofreció la disculpa pública.
Manifestó que en los otros casos las víctimas son: Christian Téllez Padilla, quien desapareció en Veracruz en 2010 y Víctor Manuel Guajardo, quien desapareció en Coahuila, en 2013.
López Domínguez subrayó que tras años de exigencia de familiares de víctimas, el gobierno mexicano reconoció la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual podrá revisar los casos y hacer recomendaciones.
Sostuvo que este es un gran paso para garantizar, tanto a las víctimas como a sus familias, la reparación integral de la verdad, la justicia y la no repetición.
Comentó que Moreno Pérez desapareció en Chacahua el 8 de julio de 2011, y aunque la Procuraduría del Estado de Oaxaca estableció que fue víctima de un robo y homicidio, se identificaron irregularidades en la actuación de los funcionarios públicos que atendieron el caso.
Dijo que el estudiante universitario salió de su casa en Coyoacán, Ciudad de México, con rumbo al sureste del país, para escribir sobre las vivencias de la gente que encontrara.
Recordó que después de 8 años de la desaparición de Moreno Pérez, el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó al Estado mexicano por la impunidad en la que se encuentran los hechos. El comité determinó la violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y destacó en su resolución las omisiones en la investigación, la destrucción de evidencias realizadas por la Procuraduría del Estado de Oaxaca y la ausencia del Estado mexicano de acciones de búsqueda del joven desaparecido.
Informó que en el acto estuvieron presentes las familias de las víctimas, representantes de los estados donde se cometieron las desapariciones, funcionarios del gobierno federal e integrantes de organizaciones civiles.
“Los representantes de los gobiernos de Veracruz, Oaxaca y Coahuila también ofrecieron disculpas a las familias y se comprometieron, a nombre de las autoridades locales, a emitir y fortalecer acciones para garantizar la no repetición”.
