La crisis generada por la COVID-19 ha profundizado las dificultades económicas y la violencia de género entre las jefas de familia. Además de enfrentar desempleo y falta de ingresos para sostener los gastos diarios, se han topado con agresiones cada vez más frecuentes.
El de Abigaíl es sólo uno de estos casos. Ayer domingo, ella, su hermana y su hija de 16 años de edad, fueron retenidas por su casero al interior de su domicilio ubicado en la capital del estado. La finalidad era obligarlas a firmar un pagaré que le garantizara el pago de la renta adeudada.
Fue a inicio de año cuando Abigaíl y su familia comenzaron a presentar dificultades económicas derivado de la pérdida de empleo. En un primer acuerdo su casero accedió a esperar los pagos, mismos que se fueron realizando de manera paulatina. Llegado abril con el confinamiento social, la situación empeoró.
“Me quedé sin trabajo en enero y empecé a tener complicaciones para pagar. Tenía dos años viviendo ahí y nunca había fallado con el dinero, así que llegué un acuerdo. Se viene la pandemia y se cancelan las contrataciones en el lugar en donde yo iba a trabajar”.
Para poder continuar en su vivienda tuvo que firmar un pagaré con el que se comprometía a realizar aportaciones semanales para el pago de renta. De esta manera lo hicieron para que la deuda no se hiciera más grande.
Al paso del tiempo el casero requirió el lugar a Abigaíl. Ella aceptó dejarlo antes de que concluyera agosto. Para tener el dinero necesario que le permitiera ubicarse en otro espacio y cubrir la deuda de la renta, puso a la venta sus muebles. Esta situación hizo que su casero cambiara su comportamiento y violentara de manera verbal.
Este domingo decidió cambiar el candado del acceso principal dejando a la familia dentro de la casa para obligarla a firmar un pagaré. Tuvo que ser con la intervención de la policía como lograron ser liberadas. El hecho fue denunciado ante el agente del ministerio público.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), detalla que una quinta parte de las madres solteras (22.2%), gana un salario mínimo o menos por el trabajo que desempeñan, 30.6 por ciento hasta dos salarios mínimos y 29.6 por ciento dos o más salarios mínimos.
La alta participación de estas mujeres en empleos informales y con bajos salarios se refleja en el nivel de acceso a prestaciones; se reconoce que la economía informal queda fuera del ámbito de aplicación de las leyes laborales, en consecuencia, las personas que se insertan en ella están expuestas a salarios bajos, a condiciones de inseguridad laboral y sin acceso a prestaciones sociales como las pensiones, la licencia por enfermedad o el seguro de salud, entre otras.
En México
15 años y más madres solteras ocupadas
57.1 % de ellas no reciben prestaciones por su trabajo
33.2 % de las que tienen patrón no cuentan con prestaciones
