Un lunes de septiembre del 2016 una pequeña de ocho años fue violada por un pastor evangélico. El hombre, de 55 años, fue sancionado por las autoridades comunitarias con la entrega de dos cartones de cerveza. Estos hechos tuvieron lugar en una comunidad indígena de Oaxaca.
“Consienten actos que. para determinadas sociedades, son inconcebibles lo cual no quiere decir que una esté en lo correcto y otra errada. Son formas de vida, son costumbres y, en este caso el ideal, la justicia se dejó al arbitrio de un particular más que de la comunidad”, refiere la socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, Sayra Anabel Díaz.
Las legislaciones internacional, nacional y local reconocen el derecho a la justicia indígena, entendiéndose esta como las atribuciones que asumen las autoridades de los pueblos y comunidades de aplicar medidas sancionatorias en la resolución de un conflicto.
Acusado de intentar secuestrar a una menor de 15 años, un hombre perdió la vida tras ser golpeado, lapidado y asfixiado por pobladores de otra comunidad oaxaqueña; el hecho aconteció en diciembre del 2016.
“A partir de la reforma del 2011 todo sistema de justicia debe tener como premisa fundamental los derechos humanos, ya sean del bloque constitucional o convencional”, asevera el abogado y funcionario público, Hugo Aguilar Ortiz.
Detalla que la legislación establece tres criterios como límite en la aplicación de la justicia indígena: No violar principios generales de la Constitución; respeto sin violar los derechos humanos y no violar la dignidad de la mujer.
“Son dos formas de aplicar justicia, en la primera se mancilló el acceso a la justicia de la menor violada y en el segundo el derecho a no tortura del hombre acusado; puedo decirte que en ambos casos se pisotearon derechos humanos y la justicia no tuvo cabida. En Oaxaca sucede de forma consecutiva", opina la también catedrática Sayra Díaz.
Ambos casos fueron resueltos, en primer lugar, por las autoridades indígenas y posteriormente conocidos por las autoridades del Estado.
Falsa estigmatización
Aguilar Ortiz, quien funge como director de Sistemas Normativos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), advierte el contraste.
“Es un fenómeno de generalización. Estigmatizar no es lo más sensato. Es muy fácil que, a partir de un solo caso, se diga que todos los pueblos violan derechos humanos. Cuando un ministerio público decae tanto de corrupción y se da un hecho concreto no quiere decir que todo el sistema proceda de esa manera”, apunta.
Señala que la cantidad de casos que llegan a conocerse a través de los medios de comunicación "son contados con los dedos de las manos"; asimismo que el número de delitos judicializados son entre 30 y 40 al año.
Afirma que en las comunidades se cometen los mismos delitos que se cometen en todo el estado, pero "¿por qué no lo conocemos?", indaga, "porque no llegan hasta aquí", se responde.
Mínima publicidad
La Fiscalía General del Estado recibe hasta 30 mil denuncias al año. La Sala Indígena de Oaxaca fue creada en el año 2015 para conocer de las inconformidades en los pueblos indígenas respecto de las resoluciones emitidas por las autoridades . Y hasta el 1 de marzo del presente año han estudiado 41 casos. Es decir, en promedio 13 asuntos anuales.
"En el mundo de la justicia indígena se resuelven los conflictos de las comunidades sin que los conozcamos acá, porque no ocurren esos excesos que son de los que da cuenta la prensa local. Allá hay un mundo en donde se aplica la justicia y no amerita la atención del Estado ni de la propia sociedad", detalla Aguilar Ortiz.
De los 570 municipios de la entidad, 417 son indígenas.
En este contexto, el también catedrático en Derecho Indígena y Derecho Municipal, lamenta que las autoridades gubernamentales no observen a Oaxaca como el estado multicultural que es y prefieran trabajar un estado homogéneo.
"Hay necesidad de conocer más el sistema. Lo único que vale y tiene razón de ser y a dónde canalizamos presupuesto público es al aparato de justicia del Estado. Nadie está canalizando recurso para pagar a los topiles, alcaldes, personas que hacen justicia comunitaria. Eso es una reminiscencia del pasado", asevera.
Más que condenar o señalar los casos de violaciones a derechos humanos en las comunidades y pueblos indígenas - mismos que se dan en todo el estado - refiere el jurista, deberíamos analizar y aprender de la justicia indígena en su cotidianidad.
"Aquí hablamos de castigo, de tener a alguien 30 años encarcelado o que le quiten todo y lo dejen en la miseria".
Explica que el enfoque del delito y castigo varía sustancialmente entre un sistema de justicia y otro.
"En las comunidades se busca que el sujeto se reincorpore a la comunidad. Existe una amplia capacidad de diálogo, de cultura de resarcimiento y no de castigo", concluye.
