El 18 de junio cumplió dos año la aplicación del nuevos sistema de justicia penal adverrsarial en el país. Diez años antes, el 18 de junio del 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), cabe recordar que un año antes ya había comenzado a aplicarse en Oaxaca y fue una década después que, por ley, entró en vigor en todo el país.
Señalado por juristas como un sistema garantista de los derechos humanos y calificado por un gran sector de la sociedad como un sistema proteccionista, el Sistema Adversarial, aún está lejos de ser una realidad en México.
La falta de personal capacitado laborando en las instituciones de impartición de justicia, desde defensores, jueces, ministerios públicos y hasta policías; y también la ausencia de honestidad y transparencia entre los abogados, ocasiona que los ciudadanos condenen y satanicen un sistema que busca agilizar la justicia y hacer una realidad los derechos humanos.
Socializar
La abogada Lucía Marroquín, considera que el Nuevo Sistema de Justicia, "que no es tan nuevo en la entidad", no se ha ejecutado como debiera ser.
En primer lugar, señala, no se ha socializado lo suficiente, pues "la gente piensa que la justicia se ejecuta en el momento en que un delincuente pone un pie en una penitenciaría, pero en realidad, la privación de la libertad es lo último que los derechos humanos avalan como pena", asegura.
Víctima
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) fue en el año 2012 al 2016 que la federación otorgó la mayor cantidad de recurso económico para lograr la completa aplicación del NSJP en Oaxaca, alcanzando la cifra de hasta 189 millones 2017 mil pesos en este lapso de tiempo.
Sin embargo, tras casi 11 años, el IMCO califica el NSJP en Oaxaca con un nivel de implementación medio alto, a pesar de que, sustenta, los recursos recibidos por la entidad son 30 por ciento superiores a la media nacional para este fin.
"La protección a la víctima ha fallado, no está interviniendo en el proceso como lo establece la ley; no se le está escuchando cuando pide medidas cautelares; no se le está informando del proceso; no está habiendo inmediación, oralidad ni continuidad con rigurosidad, y no es culpa del sistema, es culpa de los actores del sistema", opina al respecto el amparista en materia penal, José Luis Arellanes.
Policías y peritos
Mientras que en el 2015 ingresaron 3 mil 156 personas a los centros penitenciarios del estado, en el transcurso del 2016 fueron mil 577 nuevos reclusos, 49.9 por ciento menos, según una comparativa entre el Censo General de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales de 2016 y 2017, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
"No es culpa del sistema. Se trata de profesionalizar al policía al momento de detener al delincuente, si lo hace con brutalidad cae en violación de derechos humanos y el acusado, como cualquier ciudadano, puede defenderse por ello; si el perito no hace bien su trabajo, si no fundamenta las pruebas que pretende aportar y si no desenvuelve una aportación transparente en el juicio oral, desde luego todo se viene abajo", abunda Arellanes.
Opacidad
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revela que Oaxaca se encuentra como una de las tres entidades más atrasadas en la implementación del nuevo sistema, a pesar de que, la mayoría de los estados iniciaron apenas hace dos años a consolidarlo.
De acuerdo con la Evaluación de Operación del SIstema de Justicia Penal Acusatorio en México, Oaxaca, además registra altos índices de opacidad en la información correspondiente a la implementación del NSJP en el Estado.
La Evaluación detalla que de un nivel de entre 9 y 27, Oaxaca alcanza apenas una puntuación de 13. Y es que, explica el documento, la mayoría de las dependencias del Poder Judicial no responden a las solicitudes de transparencia que la ciudadanía, organizaciones no gubernamentales o dependencias federales le realizan sobre el tema en cuestión. Aborda que además las plataformas de estas dependencias presentan dificultades para acceder a la información.
En este mismo sentido, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social detalla que en Oaxaca este sistema entró en funcionamiento por regiones y “sin una verdadera planeación”.
