CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó a la Secretaría de Marina (Semar) por la desaparición forzada de 27 personas en Tamaulipas, en 2018.
Al emitir la Recomendación por Violaciones Graves a los Derechos Humanos 36VG/2020, el organismo detalló que las víctimas fueron detenidas entre marzo y mayo de aquel año.
Posteriormente, 12 de las víctimas fueron encontradas sin vida en brechas y en fosas clandestinas en los municipios de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Anáhuac, Nuevo León.
"Este Organismo Nacional logró acreditar que personal de la Semar transgredió los derechos a la libertad personal, a la integridad y seguridad personal, a la personalidad jurídica y al trato digno, el derecho a la vida, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, a la integridad personal por los tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la verdad y al acceso a la justicia, de las 27 personas desaparecidas y 12 asesinadas, sus familiares y otros testigos de las detenciones", determinó la CNDH.
Los asesinatos corresponden a ejecuciones arbitrarias por parte de los mismos elementos federales, según la investigación realizada por el organismo.
Los familiares que presentaron su queja ante la CNDH refirieron que después de escuchar sobre las detenciones acudieron a la Base de Operaciones de la Semar, en Nuevo Laredo, pero no lograron obtener información sobre sus parientes. La recomendación fue extensiva también para el gobierno de Tamaulipas y la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo.
Lo anterior para que se brinde la reparación integral del daño a los quejosos afectados y familiares directos, que incluya una compensación con motivo de la afectación por la desaparición forzada.
Por ello pidió a la Semar colaborar en la queja que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará ante la Unidad de Inspección y Contraloría General de Marina, contra los elementos navales involucrados en los hechos.
También pidió que se videograben todos los patrullajes de la Marina, así como todos y cada uno de los operativos en los que exista contacto con la población civil.
En tanto, al Gobernador de Tamaulipas y al Presidente Municipal de Nuevo Laredo, les pidió implementar políticas públicas encaminadas a combatir los altos índices de violencia y criminalidad. A la Fiscalía General de la República se le recomienda ordenar que se continúe con las investigaciones iniciadas con motivo de las denuncias sobre las desapariciones forzadas de las 27 personas.
