En los últimos años se ha registrado que las monedas virtuales han sido usadas por grupos del crimen organizado, pues recurren a ellas para lavar dinero y evadir el rastreo de sus movimientos, por lo que desde el primer lunes de febrero, las empresas dedicadas al manejo de plataformas tecnológicas están obligadas a otorgar información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de transferencias extraordinarias.
De acuerdo con información obtenida por MILENIO, la UIF tiene casos detectados de trata de personas, principalmente de explotación sexual de mujeres, que recurren a este tipo de plataformas para comprar activos virtuales como bitcoins, enviarlos a otros países y luego monetizarlos.
Con ello se genera una red internacional para evadir el seguimiento de los recursos por parte de las instituciones financieras y que a su vez, abona a la puerta giratoria y la impunidad en los delitos.
La UIF identificó que los países más recurrentes para este tipo de evasiones o en donde se ha detectado que se envían más activos virtuales para luego monetizarlos son Suiza, Holanda y algunos del Este de Europa, además de Estados Unidos, que acapara 60 por ciento de cajeros de bitcoins en el mundo.
En México, de acuerdo con el último informe de trata de personas que presentó en junio de 2019 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 85 por ciento de las víctimas son mujeres y niñas, y prácticamente todas ellas son explotadas sexualmente.
El mecanismo para lavar dinero y que las autoridades no sigan su pista generalmente va vinculado a páginas que ofrecen catálogos con mujeres a las que explotan sexualmente.
En estas plataformas se contratan los servicios y se paga con monedas virtuales, una vez habilitada una cuenta de bitcoins, dinero que se reparte en distintas cuentas dentro y fuera de México, que luego es cobrado en otros países y que regresa en efectivo a las bandas de tratantes.
