CIUDAD DE MÉXICO.- Luego que el Presidente López Obrador comentara que las averiguaciones relacionadas con Emilio Lozoya han tardado mucho, la Fiscalía General de la República (FGR) indicó que el procedimiento penal en contra del exdirector de Pemex avanza conforme a los términos señalados por la autoridad judicial.
"La audiencia intermedia será fijada por el juez una vez que venza el plazo de la investigación complementaría (7 de marzo de 2021), la cual quedará pendiente de señalarse, según las normas de emergencia establecidas por el Poder Judicial Federal", apuntó en un comunicado.
Adelantó por otra parte que la próxima semana "se judicializará" la investigación de exfuncionarios y exlegisladores contra quienes se cuente con elementos probatorios suficientes entre aquellos que fueron señalados por Lozoya al acogerse al mecanismo de criterio de oportunidad.
La indagatoria correspondiente, señaló, se ha realizado en los términos de ley y, remarcó, continuará el desglose correspondiente hasta culminar con el análisis de cada uno de los casos denunciados.
Lozoya presentó el pasado 11 de agosto una denuncia de hechos en contra de Luis Videgaray, José Antonio Meade, David Penchyna, José Antonio González Anaya, Carlos Treviño, Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, Ricardo Anaya y Jorge Luis Lavalle por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito, delitos electorales, cohecho, asociación delictuosa y otros.
La FGR recordó que, con base en denuncias presentadas por Pemex el 27 de enero de 2017 -por el caso Odebrecht- y el 7 de marzo de 2019 -por el caso Agronitrogenados- se iniciaron las carpetas de investigación respectivas y se obtuvo orden de aprehensión contra Lozoya, quien fue detenido en España por la Policía Nacional de ese país y se se avino al procedimiento de extradición, solicitando un criterio de oportunidad en el procedimiento penal correspondiente.
El exfuncionario está sujeto a proceso y se le impusieron como medidas cautelares la colocación de un brazalete electrónico y la prohibición de salir del país, retirándole el pasaporte.
