La omisión, impunidad y complicidad registrada de México, especialmente en Oaxaca, incrementa la desconfianza hacia los órganos impartidores de justicia e incide en la revictimización de las personas que han vivido graves violaciones a sus derechos humanos como la tortura, porque los culpables no son castigados por sus crímenes, aseguró la coordinadora general del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigo-DH), Sara Méndez Morales.
La activista expuso que según informes del Índice Global de Comunidad en México IGI-2016, en el país sólo se denuncian siete de cada 100 delitos cometidos, mientras en Oaxaca, el grado de impunidad con respecto al resto de las entidades federales es muy alta con 71.63 por ciento.
Además –anotó–, el porcentaje de casos no denunciados o cifra negra es de 93.3 por ciento, lo que indica la poca credibilidad de la población en los órganos impartidores de justicia, lo que se agrava más si los cuerpos de seguridad se encuentran involucrados.
Explicó que el abuso policíaco abarca distintas formas de comportamiento de los servidores encargados de preservar la seguridad, desde uso excesivo o brutal de la fuerza, detenciones arbitrarias e ilegales, extorsión y corrupción, hasta prácticas de discriminación, como lo son las detenciones o revisiones a sujetos, con base a criterios raciales, étnicos, políticos, económicos o de género.
Destacó que los casos de brutalidad policíaca en Oaxaca no son aislados, pues la tortura ha estado presente en muchos de ellos en los últimos meses, dejando en evidencia las fallas estructurales de los cuerpos de seguridad en el estado.
Servidores públicos inmiscuidos
Ante esta situación, demandó que se investigue y sancione a los servidores públicos acusados de tortura, así como se capacite en materia de documentación, investigación y resguardo de evidencias, registro y todos aquellos temas necesarios para el cumplimiento de sus funciones asignadas.
Aparte de esto, requirió que se capacite sobre la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura (LGPIST) a los directores, personal de seguridad y custodios, agentes estatales de investigación y personal de salud de los centros penitenciarios, así como a las instituciones públicas de derechos humanos, a los directores y personal de seguridad con mayor número de quejas para evitar abusos.
Méndez Morales exigió también la resolución de los casos denunciados y con esto, reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos, así como enviar mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal sobre la prohibición de la tortura y maltrato.
