Familiares de 12 indígenas zapotecas de San Agustín Loxicha, encarcelados en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Miahuatlán de Porfirio Díaz, exigieron a las autoridades estatales su libertad por las irregularidades en sus procesos penales.
Uno de sus representantes, Desiderio Almaraz García dijo que los indígenas zapotecas se encuentran encarcelados por el delito de homicidio con acusaciones falsas por oponerse a los caciques priistas y cuestionar la falta de obras del entonces presidente municipal, Oscar Valencia García.
Explicó que cuatro de ellos se encuentran sentenciados, mientras el resto se encuentran aún en proceso penal, porque las supuestas partes ofendidas nunca llegan a presentarse a las diligencias y si acuden, niegan conocer a los detenidos.
“Unos llevan presos nueve años, seis años y tres años, pero se desconoce quienes los acusan porque nunca llegan a presentarse”, asentó.
De este modo, demandó la libertad de sus familiares porque como indígenas de San Agustín Loxicha y hablantes de la lengua zapoteca, les resulta complicado entender su situación jurídica y llevar una adecuada defensa.
“Somos personas de escasos recursos para poder contratar a un abogado particular”, añadió.
Detalló que un abogado de la defensoría pública representa a sus familiares, pero nunca ha explicado cómo lleva la defensa, sobre todo, por las falsas acusaciones y el extravío de documentos en el juzgado.
“Esto tiene como objetivo que no obtengan su libertad, pues ha habido diligencias, pero no hay avance en la liberación de los presos”, apuntó.
Además, observó que el traductor del juzgado es un enemigo político de los presos y está al servicio de los caciques de San Agustín Loxicha.
“Ha dicho que nuestros familiares no van a salir, a pesar de que no existe ningún delito que perseguir, pues solo es por una ambición de unos cuantos que quieren tener el poder político y económico de la región Loxicha”, anotó.
Destacó que la represión y persecución en San Agustín Loxicha inició el 28 de agosto de 1996 por el encarcelamiento de un sinfín de pobladores, así como por múltiples asesinatos y desaparecidos, por la unión de los caciques y pistoleros, con el respaldo de la policía y el ejército.
“Hubo una violación total a los derechos humanos, muchos de nuestros paisanos huyeron de la comunidad, quedaron muchos huérfanos y viudas. Seguimos padeciendo esa injusticia hasta la fecha”, terminó.
En el penal de Miahuatlán
12 indígenas zapotecas
9 años llevan presos
4 ya fueron sentenciado
