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Exigen investigar ataque a oficinas de UNOSJO por ciudadanos de Ixtlán de Juárez

Foto(s): Cortesía
Octavio Vélez Ascencio

Organismos civiles ofrecieron su respaldo al trabajo de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO) y exigieron investigar las afectaciones que hicieron pobladores de Ixtlán de Juárez en sus instalaciones.


En su representación, la coordinadora general del Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (Barca-DH), Minerva Nora Martínez Lázaro, informó que un grupo de ciudadanos invadió el sábado y domingo pasados la superficie donde se encuentra la sede de la UNOSJO, en Guelatao de Juárez, para destruir un invernadero, una galera con módulos de lombrices y tres tinacos de agua, así como árboles y plantas medicinales y su sistema de agua potable.


Explicó que estos hechos se enmarcan en un conflicto territorial entre las dos municipalidades, a pesar de las resoluciones presidenciales donde se establecen los límites entre ambas.


Detalló que las instalaciones de la UNOSJO quedaron en los terrenos en disputa cuando Ixtlán de Juárez modificó sus límites de manera irregular al ingresar el Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar.


Manifestó su apoyo a la UNOSJO por ser una organización con trabajo en defensa de los derechos humanos y colectivos de las comunidades indígenas de la Sierra Norte.


Exigió que se investiguen los hechos y se respete el derecho de quienes han habitado por más de 20 años en ese territorio.


También responsabilizó a las autoridades municipales y agrarias de Ixtlán de Juárez de las acciones que realizaron comuneros en la UNOSJO.


Pidió a la DDHPO agilizar la emisión de medidas cautelares y se garantice el resarcimiento de los daños.


Demandó que sean respetadas las dos resoluciones presidenciales donde se establecen los límites de ambas municipalidades.


Llamó a las autoridades a establecer una mesa de diálogo para resolver el conflicto y para que la agresión no escale.


Martínez Lázaro dijo que la UNOSJO tiene el respaldo de 25 organizaciones y de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, conformada por 85 organizaciones de 23 entidades.

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