A tres meses del asesinato del defensor comunitario, Fidel Heras Cruz, en Paso de La Reina, Santiago Jamiltepec, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT) demandó a las autoridades mexicanas a investigar de manera exhaustiva el crimen y a legitimar públicamente el trabajo de quienes defienden el río Verde.
En un pronunciamiento, suscrito con la organización catalana Mesa por México, el Movimiento Sueco por la Reconciliación y la Iniciativa México, una red europeo-mexicana, expuso que la comunidad de Paso de la Reina se ha visto obligada a organizarse para defender el río Verde desde el 2007, ante la intención de desarrollar un proyecto hidroeléctrico y una presa de usos múltiples a escasos metros de la comunidad, porque pone en grave riesgo la agricultura local y la biodiversidad de una de las cuencas hídricas más extensas de Oaxaca.
Sin embargo, lamentó que la defensa pacífica del territorio también ha puesto en riesgo las vidas de los habitantes de Paso de la Reina, quienes se han atrevido a alzar la voz contra la imposición de megaproyectos, así como en contra de la explotación abusiva de los recursos naturales por parte del sistema caciquil local.
Por eso, expuso que el defensor comunitario, Fidel Heras Cruz, miembro del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) y presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reina, fue asesinado el 23 de enero pasado por personas desconocidas.
Destacó que la inacción de las autoridades para garantizar la seguridad en Paso de la Reina, así como la impunidad en torno a ese asesinato, han auspiciado el crimen de otro defensor del río Verde, Jaime Jiménez Ruiz, sucedido el 28 de marzo pasado, después de la muerte violenta de otras personas, Raymundo Robles Riaño, Noé Robles Cruz y Gerardo Mendoza Reyes, entre el 14 y 15 de marzo.
De esta manera, condenó los asesinatos de los defensores comunitarios y manifestó su profunda preocupación por la crisis del derecho a defender derechos humanos en Oaxaca, particularmente, los derechos a la tierra, el territorio y el medioambiente.
Ante esto, urgió a las autoridades mexicanas a legitimar públicamente el trabajo de quienes defienden el río Verde e investigar de manera inmediata, exhaustiva e imparcial los asesinatos.
