En la conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido, el Comité Hasta Encontrarlos demandó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver de manera favorable el juicio de amparo atraído por la desaparición forzada de los militantes del EPR, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.
En un mitin, frente a la sede del máximo tribunal del país, la hija de una de las víctimas, Nadín Reyes Amaya dijo que la Primera Sala de la SCJN atrajo el juicio de amparo, el 4 de junio pasado, para reasumir su competencia originaria y conocer los recursos de revisión presentados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR), así como el recurso de revisión presentado por los familiares.
De esta manera, sostuvo que este hecho, aunque parezca sin importancia, constituye para los familiares y organizaciones acompañantes, un acto sumamente relevante y de gran trascendencia, porque los casos por desaparición forzada siempre han permanecido invisibilizados e impunes y más cuando se trata de un crimen motivado por cuestiones políticas, como lo es la desaparición forzada de dos revolucionarios.
“La atracción constituye un logro más para las organizaciones de familiares que luchamos contra las desapariciones forzadas en el país y para el movimiento popular en su conjunto que ha abrazado esta lucha”, insistió.
Por eso, expuso que el máximo tribunal del país tiene en sus manos la determinación para poner fin o dar continuidad a la impunidad prevaleciente hasta ahora en los casos de desaparición forzada en el país.
“Tiene en estos momentos una decisión trascendental que asumir, para demostrar en los hechos que está para proteger y garantizar el derecho a la verdad y la Justicia”, asentó.
No obstante, destacó que el verdadero acceso a la justicia pasa por garantizar el juicio y el castigo para todos los responsables de cometer este crimen, sancionar tanto a los autores materiales como intelectuales y no sólo limitar la sanción hacia aquellos mandos responsables, sin querer tocar a los altos mandos quienes orquestaron y planificaron los sucesos, como lo han querido hacer, con la detención de siete policías de Oaxaca, sin investigar hasta el momento al entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz y al expresidente Felipe Calderón, así como a los altos mandos del Ejército Mexicano en funciones en mayo del 2007.
Además, rechazó que el proceso penal iniciado a los siete detenidos sea atraído por un Juzgado de Distrito en el Estado, porque la complicidad, compadrazgo y corrupción existentes en Oaxaca, permitirá seguir encubriendo y manteniendo en la impunidad a los responsables materiales e intelectuales de este y otros más crímenes ocurridos.
Por ello, exigió a la SCJN resolver el juicio de amparo de manera el favorable y así poner un alto a la impunidad y garantizar el verdadero acceso a la verdad y la justicia, lo cual implica como mínimo reafirmar lo establecido por la sentencia previa donde se dispone la búsqueda de los desaparecidos en cualquier instalación militar y la citación a comparecer a todos los mandos militares en funciones en mayo del 2007, así como la creación de una comisión especial para el caso.
“La SCJN tiene en estos momentos la oportunidad histórica de fijar criterios que sean progresivos en favor de los derechos de las víctimas de desaparición forzada y establecer razonamientos que permitan crear las medidas obligatorias que tendrán que seguirse para todos los casos presentes y futuros por desaparición forzada”, finalizó.
