Sergio López Cantera fue secuestrado el 17 de septiembre de 2018 en la carretera federal Huatulco-Pochutla, cuando viajaba en compañía de su hijo de nueve años, quien fue abandonado junto al automóvil en el que viajaban, hasta la fecha nada se sabe de su paradero.
Ante esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la medida cautelar número 1165-18 el 18 de octubre, en la que se exige al Estado Mexicano proteger los derechos a la vida e integridad personal de Sergio López Cantera, pues su secuestro se le atribuye al trabajo de investigación que realizaba la víctima por la desaparición de 10 de sus colegas en el 2010.
"Los solicitantes informaron que en julio de 2010, 10 colegas del propuesto beneficiario fueron desaparecidos, lo que en su momento motivó el otorgamiento de una medida cautelar por parte de la CIDH. Desde entonces, la víctima se habría dedicado a la investigación de la desaparición de sus compañeros y acompañado a sus familiares en diversas diligencias", señala la medida cautelar.
El organismo internacional exigió al Estado Mexicano adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de Sergio López Cantera y en particular determinar su paradero o destino, así como informar sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.
Gobierno olvida el caso
El Estado negó que la desaparición de López Cantera tenga relación con los 10 desaparecidos del 2010, puesto que no se identifica una relación clara con la búsqueda de estas personas, ya que se ostentaba desde hace tiempo como funcionario de la Coordinación Estatal de Protección Civil.
Sin embargo, este puesto, según periodistas de la Costa oaxaqueña, sólo era honorario, pues no tenía sueldo en la coordinación. A tres meses de emitida la medida cautelar, las acciones que ha realizado el Estado no son claras y el eco que se ha hecho por este caso es inexistente.
"El Estado concluyó requiriendo a la Comisión que decline esta solicitud en virtud del principio de complementariedad, en vista de que las autoridades a nivel interno ya están tomando las medidas necesarias para dar con el paradero del propuesto beneficiario, habiendo articulado para ello a distintos órganos a nivel estatal y federal", indica el CIDH.
Y es que la medida cautelar que otorgó la CIDH, se refiere a las 10 personas desaparecidas el 13 de julio en Matamoros Tamaulipas, quienes eran originarias de la comunidad de Zapotengo, San Pedro Pochutla, esto durante plena guerra contra el narcotráfico iniciada por el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa.
Los familiares del propuesto beneficiario habrían interpuesto una denuncia por desaparición el mismo día ante el Fiscal de San Pedro Pochutla, abriéndose la carpeta de investigación 3425/FSPP/2018 por el delito de “desaparición de personas por particulares”.
El solicitante agregó que el 21 de septiembre de 2018 los familiares recibieron una llamada, por medio de la cual supuestamente se les exigió entregar una cantidad de tres millones de pesos como “rescate”.
