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Estado se lava las manos en seguridad por medidas cautelares a comunicadores en Oaxaca

Foto(s): Cortesía
Octavio Vélez Ascencio

Una empresa privada y no el Estado mexicano está encargada de proveer los servicios de seguridad a personas defensoras de derechos humanos y periodistas beneficiarios de medidas cautelares, denunció el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurlio Santiago Reyes.


El también integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sostuvo que el fideicomiso de ese organismo, adscrito a la Secretaría de Gobernación, pareciera contar con una suma elevada de recursos financieros, pero el alto costo de algunas de las medidas y las muchas veces deficiente operación de la única empresa encargada de proveer los servicios de seguridad, hace urgente la valoración de abrir a licitación los servicios ofertados.


Explicó que el Consejo Consultivo ha sugerido en reiteradas ocasiones a los subsecretarios de derechos humanos y demás miembros de la Junta de Gobierno, aplicar medidas correctivas contra la empresa prestadora del servicio, porque su inoperancia coloca en riesgo a las personas beneficiarias.


De hecho, detalló que se han hecho varios llamados para buscar a otros proveedores con precios más competitivos, sin embargo, se la Secretaría de Gobernación se ha rehusado por la seguridad de las personas beneficiarias, pues las medidas no pueden ser licitadas al ser del conocimiento público y como consecuencia, colocaría en mayor riesgo a las personas protegidas por el mecanismo.


Ante esto, requirió a la Secretaría de Gobernación para que deje fuera la privatización de las medidas de protección o en su caso, diversificar a los proveedores con el fin de erogar lo justo y el de esta forma, el fideicomiso del mecanismo sea mejor invertido.


Santiago Reyes dijo también que es urgente la asignación de un mayor presupuesto al fideicomiso, porque según las estimaciones, conforme al ritmo de crecimiento de personas beneficiarias del mecanismo, el monto asignado no será suficiente para poder seguir manteniendo los esquemas de protección.

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