La primera vez que fue internada en el hospital psiquiátrico Ely lloró durante tres días seguidos de impotencia, rabia, temor y por haber sido separada de sus hijos. Lloró de amargura y de injusticia ante una cadena de irregularidades que le arrancaron su libertad, salud emocional y que la colocaron cautiva en el infierno por haber denunciado violencia familiar infringida por su esposo Reynaldo M. R.
Un diagnóstico de ansiedad fue suficiente para que el médico le recetara sedantes, la mantuviera tres días aislada en una pequeña habitación antes de permitirle salir al patio a una convivencia entre personas completamente fuera de su realidad, que gritaban sin razón, que lloraban y pataleaban en un mundo aparte.
Ely tenía claro que la única forma de poder salir de ahí era guardar la calma y permitir la medicación que en sólo una semana redujo sus movimientos a acciones aletargadas, retraída y puesta al dominio bajo del agresor al que el hospital la entregó.
Bajo engaños
El día del traslado arbitrario, el 21 de marzo de 2019, Ely, nombre ficticio para proteger su identidad, llegó por pie propio. Había sido citada en las oficinas de la Procuraduría y Estancia de la Mujer de Santa Lucía del Camino, municipio con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), presuntamente para alcanzar un acuerdo definitivo de separación y pensión alimenticia. Todo fue una trampa tendida por Reynaldo, quien tras verse denunciando ante el Centro de Justicia para Mujeres (CEJUM) de Oaxaca, buscó que la Procuraduría Municipal, facilitara una valoración médica con la que justificó el ingreso de su esposa en más de una ocasión al hospital psiquiátrico.
La historia de Ely, indígena oaxaqueña de 37 años de edad y madre de cuatro hijos, se construye en una cadena de violencia institucional y agresiones protegidas por la impunidad, antecedida por cinco años consecutivos de agresiones físicas, emocionales, psicológicas, económicas y sexuales por parte de su pareja y padre de dos de sus hijos.
Con el sol alejándose, Ely extiende cuatro sillas de plástico en el patio de la vivienda en donde es protegida por su red de apoyo, la congregación cristiana a la que pertenece. Tras dos internamientos en el hospital psiquiátrico, en diciembre de 2020, Ely llegó corriendo con su hijo en brazos perseguida por una patrulla que buscaba internarla por tercera vez. Apenas podía sostenerse ante la somnolencia provocada por la medicación diaria a la que su esposo la obligaba.
“Si la puerta no hubiera estado abierta, me habrían llevado una tercera vez”, explica mientras retira un mechón rizado que deja ver la fuerza de su mirada y después empieza a relatar cada uno de los episodios que la mantenían atemorizada, sin el valor para poder dejar al agresor, así como los momentos en que fue privada de su libertad bajo argumento de padecer ansiedad.
Cuando acudió por primera vez a denunciar, las agresiones habían pasado de ser verbales, patrimoniales y psicológicas a sexuales y físicas. Aquella ocasión ella reclamó a Reynaldo el haberle robado un préstamo con el cual ampliaría la venta de abarrotes que realizaba desde la ventana de su vivienda para sostener gran parte de los gastos familiares.
“Yo agarraba a mi hijo chiquito en la carreola y me iba a comprar refrescos o lo que me hiciera falta, o veía ofertas en tiendas y me iba. Buscaba en dónde; él se quedaba a administrar, pero siempre me faltaba dinero. Un día me robó un dinero que había pedido para un préstamo, peleamos, él me golpeó. Yo fui a poner mi denuncia al Centro de Justicia para las Mujeres”.
Bajo promesa de cambiar, Reynaldo logró que la denuncia no fuera ratificada, pero poco tiempo después las agresiones arreciaron y ella comenzó a actuar en defensa propia por su vida e integridad emocional.
Tras más de cinco años de agresiones, el miedo se convirtió en una carga pesada que decidió dejar pues cuando la violencia golpea como un tsunami y las opciones son limitadas, no hay más elección que sobrevivir.
“Estaba atrapada en un círculo en el que no podía hacer nada. Siempre que me agredía y cuando yo me defendía, él iba a poner la denuncia. Un día fui con él, les expliqué a las autoridades lo que pasaba, pero nadie me creyó. Él llevaba marcas de rasguños que yo le había hecho en defensa propia. Ya estaba suave de que me dejara pegar”.
De forma astuta, Reynaldo certificaba los rasguños que Ely le causaba al defenderse y después, bajo razones inexplicables, logró inclinar toda la balanza a su favor para llevar a su víctima al internamiento psiquíatrico.
“Un día me dijo: si ya no vivimos bien, vamos a ir a ponernos de acuerdo por los niños. Vas a firmar en el DIF de que tú estás de acuerdo que yo te pase manutención. Me lavó el cerebro. Le creí”.
Confiada en una solución pacífica y en que las instituciones como la Procuraduría y Estancia de la Mujer de Santa Lucía del Camino estarían de su lado como víctima de violencia familiar, decidió aceptar un acuerdo de separación, sin imaginar que el agresor preparaba coludido con el funcionariado municipal.
Estancia de la Mujer facilitó violencia
Aquella mañana Ely se levantó muy temprano, tenía la plena confianza de poder cortar con la cadena de violencia vivida. Se arregló dejando colgar en su frente su cabello ensortijado. Llevó a sus hijos a casa de doña Viky, quien se había convertido en su red de apoyo. Regresaría pronto, le indicó y salió con Reynaldo hacia la Procuraduría y Estancia de la Mujer de Santa Lucía del Camino, con la promesa de llegar a un acuerdo de separación justa.
Caminaron hacia el lugar ubicado cerca de su domicilio. Las funcionarias ya las esperaban con una inusual familiaridad con el agresor.
En el lugar fue atendida por la entonces titular de la Procuraduría y Estancia de la Mujer, Karina P. R., así como por la que era la directora Jaquelina S., quienes afirmaron que existían certificados médicos que avalaban que Reynaldo era víctima de violencia familiar por presunta bipolaridad de Ely, situación que nunca fue confirmada medicamente.
“Ahí me argumentaron que yo tenía bipolaridad y que me enojaba mucho. Yo les dije que sí me enojaba mucho, pero era porque no me daba dinero para los gastos de la casa y de los niños, le empecé a decir todo lo que hacía y de las ocasiones de por qué me enojaba. También me dijeron que yo había cometido un delito al dejar a dos de mis hijas con mi mamá. Yo les dije que no quería que vieran la violencia que vivía y que además, la más grande había sido golpeada por él. ¿Usted apoya la violencia contra las mujeres?, le pregunté, ella dijo que no, pero que ahí veían quién tenía la culpa”.
Canalizada a una valoración psicológica determinaron que era necesario que se presentara al día siguiente para continuar el trámite presuntamente para llegar a un acuerdo de separación. Ella llegó puntual a la cita, después fue trasladada al Centro de Salud de la Colonia América el 20 de marzo de 2019 y atendida por la doctora Yolanda C., quien en el certificado médico asentó que la paciente presentaba ataques de ansiedad.
Al siguiente día nuevamente fue citada en las instalaciones de la Procuraduría y Estancia de la Mujer. Le indicaron que la trasladarían al municipio de Reyes Mantecón, ella pensó que era para concretar el acuerdo de separación. Una patrulla del programa Mujer Segura ya esperaba. Además del conductor y Reynaldo al frente de la unidad, se subieron dos policías más, uno de cada lado de Ely, como quien custodia a un delincuente peligroso.
Durante el viaje hizo varias preguntas y en todas fue engañada respecto del destino que tendría. Jamás pasó por su mente que sería internada, ni siquiera estando frente al hospital. -¿Está usted tranquila?- le preguntó uno de los policías de custodia; ella contestó con calma que sí. Otra vez, bajo engaños de que le harían una valoración más profunda para poder firmar el acuerdo de divorcio, Ely fue encerrada en el psiquiátrico.
“Yo no podía dejar de llorar, extrañaba a mis hijos y no podía creer por qué estaba ahí. Me daban unas pastillas que me hacían parecer drogada, estuve conviviendo con muchas personas que de verdad no estaban bien de sus facultades mentales”.
Después de una semana fue dada de alta bajo la condición de que continuara tomando sus pastillas. Sólo de esa manera Reynaldo pudo seguir manteniéndola bajo su control y evitar que lo dejara.
Trabajaba como chofer de taxi, pero pocas veces aportaba al gasto familiar y por el contrario era cuestionado por Ely con inventario en mano debido a los “extravíos” de dinero en el pequeño negocio de abarrotes.
“Mi esposo me obligaba a tomar el medicamento y cada vez que yo le decía que me iba a separar de él me chantajeaba con llamar al 911 para que me regresaran al psiquiátrico”. Bajo ese mecanismo de control fue hospitalizada nuevamente del 17 al 22 de enero de 2020, según consta en un recibo de pago por 264 pesos. Estaba sometida al capricho del agresor, quien con toda impunidad disponía de la patrulla de Mujer Segura para encerrar a su esposa.
Tras aquella última vez, tomó la decisión de dejar la casa y resguardarse con su congregación cristiana. Furioso por aquella acción, Reynaldo acudió nuevamente ante la Procuraduría y Estancia de la Mujer a denunciar maltrato a menores de edad, para ese entonces Karina P. R., así como Jaquelina S. habían sido removidas por irregularidades en su desempeño.
Aún cuando Ely ya no vive con el agresor, el riesgo de ser nuevamente internada está latente, pues éste continúa como su tutor ante el nosocomio.
Hoy Ely, lucha por superar la violencia de la que fue objeto por parte de su esposo, y no descarta que pueda iniciar una batalla legal para evitar que otras mujeres vivan el daño que a ella le hicieron las instituciones al prestarse a ser centros de castigo; el problema que advierte es que en un sistema de justicia caracterizado por omisiones y corrupción, el proceso en busca de justicia podría resultar ser difícil.
Ansiedad no es motivo de encierro en psiquiátrico
En el país existen dos hospitales psiquiátricos, Cruz del Norte, ubicado en Hermosillo Sonora, y el de Reyes Mantecón, Oaxaca, denominado Cruz del Sur, que brinda atención a todos los estados del sursureste en padecimientos psicológicos y neurológicos por distintos trastornos de bipolaridad, obsesivo compulsivo o de ansiedad.
Actualmente cuenta con 18 mil usuarios en consulta externa, y entre 40 y 42 usuarios y usuarias en los pabellones, es decir en hospitalización por presentar alusiones auditivas y visuales, así como pacientes con descontroles neurológicos y psiquiátricos, explicó Juvenal Contreras Fernández, director de Cruz del Sur, a partir del 2020.
El ingreso al hospital -aseguró- es riguroso y controlado, lo que implica una valoración previa de acuerdo a los criterios establecidos en manuales internacionales.
Una persona que llega con un ataque de ansiedad no necesariamente debe ser internada. “Hemos tenido casos de gente que quiere internar a un paciente, si no tiene criterios no tenemos por qué tener pacientes con un problema psiquiátricos, porque tenemos pacientes crónicos, que viven en el hospital psiquiátrico por abandono, a pesar de que no tienen una alteración neurológica, van los abandonan y no regresan nunca”, explicó.
Contreras Fernández descartó que el hospital haya incurrido en ingresos arbitrarios, pues todo pasa por un proceso de revisión por personal profesional, además de que la persona ingresada debe de firmar un consentimiento de internamiento, hecho que en el caso de Ely no ocurrió.
Actualmente, el caso de Ely está siendo analizado por una organización de la sociedad civil para poder intervenir en las acciones legales a las que haya lugar.
