Adolorida por la reciente cesárea, Sayra intenta buscar la posición menos incómoda para aguantar día y noche sentada en la sala de espera del Hospital Civil. La joven originaria de San Juan Yaeé, municipio indígena de la Sierra Juárez de Oaxaca, lleva cinco días en el lugar esperando que den de alta a su recién nacida, quien por una inoportuna atención institucional en el parto se encuentra en incubadora.
“Esto se pudo haber evitado”, exclama María Soledad Garcés Jiménez familiar de la joven cuyo caso refleja la violencia obstétrica que viven las mujeres en Oaxaca, en donde para parir hay que hacer fila por una cama y recuperarse en sillas.
Sayra Hernández tiene 20 años de edad, habla predominantemente en su lengua materna y es de muy bajos recursos económicos. Hace cinco meses llegó a la capital del estado a vivir temporalmente en casa de familiares, con el objetivo de que su embarazo transcurriera sin las complicaciones por las que atraviesan las mujeres de su localidad debido a la lejanía con los hospitales. No ocurrió así, pues tras haber sido rechazada en dos ocasiones del Hospital Civil Doctor Aurelio Valdivieso, la bebé presentó datos de sufrimiento fetal, primero taquicardia y posteriormente presencia de meconio, hecho que a una semana de haber nacido, la mantiene hospitalizada.
Fue alrededor de la 1 de la madrugada del domingo 19 de abril, que tras la revisión en el Centro de Salud de Servicios Ampliados (Cessa) establecido en Tlalixtac de Cabrera fue remitida al Hospital Civil porque la bebé tenía taquicardia.
Al llegar al nosocomio, el doctor que la valoró le indicó que no presentaba ningún problema por lo que no requería cirugía y la regresó al Cessa, ahí determinaron ingresarla con la precisión de que la labor de parto comenzaba a complicarse.
De acuerdo con la familia, a las 09:00 horas del domingo le indicaron que le ayudarían a inducir el parto, pero más tarde -aproximadamente a las 13:30 horas- les informaron que la bebé se había hecho popó dentro de la madre y que era urgente su envío al Valdivieso.
Bajo argumento de que no tenían ambulancias disponibles en un primer momento le negaron el servicio, pero bajo la presión de la familia cedieron y realizaron el traslado. De nueva cuenta en el Hospital Civil al que llegaron alrededor de las 15:00 horas les indicaron que no podrían recibirla, a pesar del documento de remisión.
La paciente tuvo que esperar al menos tres horas y realizar una denuncia pública para que le realizaran la cesárea. “Yo no entiendo porque actúan así, esto no debería de pasar. ¿Pasa porque es una mujer indígena, por que es una mujer de escasos recursos?”, la afectación a la salud de la bebé y lo que está pasando ahorita la madre, durmiendo en una silla de hospital cuando debería de estar recuperándose en su casa, pudo evitarse. "Esto es una injusticia que no quisiéramos que viviera nadie más”, señala María Soledad.
Pide DDHPO informe a Hospital Civil
El 20 de abril del presente año, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició de oficio el cuaderno de antecedentes DDHPO/CA/0163/(01)/OAX/2020 dentro del cual solicitó a la Secretaría de Salud de Oaxaca que informara sobre el conocimiento que tuviera de los hechos, así como de las acciones realizadas.
El informe señaló que en el Hospital General Aurelio Valdivieso “en ningún momento se le negó la atención, sin embargo, explicaron que son el hospital de referencia de todo el estado y el servicio de Gineco Obstetricia atiende en 60 por ciento todos los ingresos a esa unidad, pero que cuenta únicamente con 5 camas de labor, las cuales son insuficientes para la demanda de atención”.
Bajo este contexto las mujeres se ven obligadas a hacer fila para poder ser atendidas, en algunos casos la espera ha derivado en muerte materno infantil. De acuerdo con datos del Observatorio de Mortalidad Materna en México, durante el 2019, un total de 26 mujeres fallecieron en Oaxaca, lo que ubicó a la entidad en el quinto lugar a nivel nacional.
Violencia obstétrica
Para Mayra Morales Aldás de la Red Por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser) lo vivido por Sayra Hernández puede considerarse un hecho de violencia obstétrica entendida como la acción u omisión por parte del personal del Sistema Nacional de Salud que causa un daño físico y/o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio.
Estas violaciones van desde regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de la información y negación al tratamiento, sin referir a otros servicios para recibir asistencia oportuna, aplazamiento de la atención médica urgente, indiferencia frente a sus solicitudes o reclamos, no consultarlas o informarlas sobre las decisiones que se van tomando en el curso del trabajo de parto, utilizarlas como recurso didáctico sin ningún respeto a su dignidad humana, el manejo del dolor durante el trabajo de parto como castigo y la coacción para obtener su ‘consentimiento’, hasta formas en las que es posible constatar que se ha causado daño deliberado a la salud de la afectada, o bien que se ha incurrido en una violación aún más grave de sus derechos.
El informe “¿Dónde está la esperanza?”, publicado en noviembre de 2016 y elaborado por 42 organizaciones civiles señala que en Oaxaca, el 80 por ciento de las mujeres indígenas embarazadas son víctimas de violencia obstétrica.
