Por Redacción NOTICIAS
Las reformas a la Constitución aprobadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador entrarán en vigor el próximo 26 de abril, estableciendo cambios significativos en el sistema penal del país, entre ellos la posibilidad de imponer cadena perpetua a menores de edad a partir de los 12 años cuando cometan delitos graves.
De acuerdo con la publicación oficial en el Diario Oficial, esta sanción aplicará en casos como homicidio, feminicidio, violación y terrorismo, considerados delitos de alto impacto. Para hacer operativa la medida, los legisladores también modificaron diversas normativas, entre ellas el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley Penal Juvenil y la Ley Especial contra Actos de Terrorismo.
Las reformas incluyen además ajustes al sistema judicial, al convertir algunos juzgados especializados en menores en tribunales de lo criminal, los cuales tendrán la responsabilidad de analizar los casos en los que se contemple la prisión perpetua. Asimismo, se prevé la creación de un mecanismo de revisión para evaluar las sentencias de cadena perpetua.
Organismos internacionales de derechos humanos han manifestado preocupación por estas modificaciones legales. El Comité de los Derechos del Niño y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señalaron que los adolescentes en conflicto con la ley deben recibir un tratamiento que priorice su rehabilitación y reintegración social, y que la privación de la libertad debe utilizarse únicamente como último recurso.
Por su parte, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a las autoridades salvadoreñas revisar las reformas, al considerar que podrían contravenir estándares internacionales en materia de justicia juvenil.
Estas medidas se implementan en un contexto en el que el país permanece bajo un régimen de excepción desde 2022, política de seguridad que ha permitido detenciones masivas en la lucha contra las pandillas. Aunque organizaciones civiles han denunciado posibles abusos y detenciones arbitrarias, el gobierno sostiene que la estrategia ha contribuido a una disminución histórica de los índices de homicidio y mantiene un amplio respaldo ciudadano.
