A pesar de que Oaxaca es el tercer estado en México por número de personas defensoras de los derechos humanos asesinadas, con cinco casos, aún no cuenta con una ley para resguardar su seguridad, destaca el estudio sobre el cumplimiento de los pronunciamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en materia de agresiones a personas defensoras de las derechos humanos.
La CNDH dio a conocer que 22 entidades carecen de leyes para salvaguardar la integridad de las personas defensoras de derechos humanos, mientras que las 10 restantes ya cuentan con medidas para proteger a quienes desempeñan esa actividad.
Chihuahua es la entidad en donde más personas defensoras han muerto, seguido de Guerrero, con seis, después está Oaxaca.
Édgar Corzo Sosa, quinto visitador general, explicó en la presentación del estudio que, para abatir los altos índices de impunidad que registran las agresiones y homicidios contra personas defensoras de derechos humanos "es fundamental que los gobiernos federal, estatales y municipales asuman su responsabilidad en la investigación adecuada de dichos casos, además de diseñar y aplicar políticas públicas que permitan prevenir situaciones que pongan en riesgo la integridad de los activistas.
La CNDH analiza cual fue el impacto de las recomendaciones que realizó en el 2011 y en el 2016, resultando de la primera la creación del Mecanismo para la Protección de personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, generando así un reconocimiento a la labor, por una parte, de las personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la necesidad de su protección al encontrarse en una situación de riesgo precisamente por el ejercicio de su labor.
Normas disímbolas
A partir de la Recomendación General 25/2016 se observa la transformación legislativa de cinco de las entidades federativas, pues se publicaron cinco distintas normas locales para la protección de personas defensoras de derechos humanos.
Paradójicamente Oaxaca ocupa el tercer lugar en Índice de Cumplimiento General de recomendaciones de la CNDH, Sólo detrás de Guerrero y el Estado de México, sin embargo, de acuerdo con la Recomendación General 25/2016, en estas entidades son en donde más se cometen agravios contra personas defensoras.
"El hecho de que sus respuestas sean satisfactorias no significa que las autoridades estén generando condiciones para el mejor ejercicio de los derechos humanos para defensores civiles", resalta el estudio.
El análisis explica que el Índice mide las respuestas de las autoridades en sus comunicados oficiales, y no sus acciones concretas.
