HUAJUAPAN DE LEÓN, Oaxaca.- En medio de la pandemia del COVID-19, las autoridades municipales de Santiago Juxtlahuaca han dejado sin agua a gran parte de la comunidad, denunciaron los ciudadanos.
Ave María Leyva López, líder del Frente Indígena de Santiago Juxtlahuaca, dijo que el presidente municipal de esta localidad, Nicolás Feria Romero, está violando los derechos humanos de los ciudadanos en medio de esta contingencia, pues desde hace un mes, gran parte de la comunidad no tiene el vital líquido.
Comentó que esta acción ha originado que el gremio de los piperos suba las cuotas de las mismas, en donde una pipa de apenas 5 mil litros cuesta 400 pesos, mientras que existe un decreto a nivel nacional para no dejar de suministrar el vital líquido a los ciudadanos, debido a que esto permite garantizar la sanidad de las personas.
“El presidente municipal ha estado violando nuestros derechos porque nosotros carecemos del servicio de agua potable; en muchas colonias todavía no hay completamente el servicio de agua, hay escasez; el agua no se reparte como debe de ser en toda la población desde hace un mes; solamente algunas calles han sido lavadas por el ayuntamiento, pero nosotros seguimos aquí en la toma del palacio”.
Expresó que el presidente municipal ha anunciado una serie de medidas en Juxtlahuaca, pero estas solamente han sido dadas a conocer por Facebook, mientras los comerciantes o ciudadanos las desconocen porque no han sido notificados de manera oficial.
Refirió que han tenido que mantener la toma del palacio municipal, la cual ya lleva un año con cuatro meses; sin embargo, entienden que por el problema que se vive a nivel nacional, la resolución de su conflicto ha sido postergada y ahora no saben cuándo podrían solucionarlo.
Declaró que ha disminuido el número de personas que permanece en el palacio, pero es necesario que el edil tome conciencia y que esta situación que se vive se termine, ya que los manifestantes que mantienen tomado el palacio municipal están exigiendo las participaciones municipales que por ley les corresponde desde el año 2018.
Recalcó que la autoridad debió de pedir a los manifestantes desalojar el área por el tema de sanidad; sin embargo, esto fue algo que omitió la autoridad y muchas personas siguen a la espera de una respuesta.
