La presidenta Comisión Especial legislativa para Atender e Investigar la Violencia Feminicida, Adriana Atristain Orozco, señaló que, entre otros elementos en el crecimiento de la violencia contra las mujeres que tiene su expresión máxima en el feminicidio, está la ineficacia judicial con la que se siguen los procesos en la aplicación de la justicia.
La legisladora priísta reconoció que las cifras que hoy enlutan a 146 familias en la entidad por el asesinato de igual número de mujeres en lo que va de la actual administración de gobierno, son el reflejo de que no son las correctas.
“Es obvio que las cosas que se están haciendo no están dando los resultados que esperamos, yo no entraría en detalles si son muchas o pocas, pero lo que es cierto es que las acciones que se están haciendo son ineficaces porque los resultados están a todas luces”, declaró.
El incremento de violencia contra las mujeres y feminicidios -agregó- también están relacionado con la falta de recursos y la inoperatividad de instancias como las Fiscalías Especializadas en Atención a la mujer en donde a duras penas tienen personal para la atención.
“Tenemos una fiscalía con una persona, un ministerio público que además no está certificado para atender este tipo de casos, entonces el resultado no es positivo. SI vas a recibir atención por haber sufrido un abuso sexual, no se cuenta con los médicos especializados para que pueda emitir un dictamen médico, no hay psicólogo”, expuso.
Atristaín Orozco señaló que un primer paso para redireccionar el camino es la creación de mesas interinstitucionales con un orden multidisciplinario en los tres poderes de gobierno para ubicar en dónde radica el fracaso en garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
“Tenemos que ver si son las leyes, si es la prevención, si es la ejecución o en dónde estamos fallando, motivo por el cual se ha incrementado la violencia contra las mujeres. Estamos amaneciendo seguido con la sorpresa de que otra mujer perdió la vida”, expuso.
Agregó que si bien existe responsabilidad de las autoridades por omisiones o acciones insuficientes o equívocas, la ciudadanía tiene que asumir su papel en esta problemática.
“No hay que dejar a un lado en dónde como sociedad estamos permitiendo que estas cuestiones estén aumentando y redireccionar muchas acciones no sólo de la cuestión judicial y fiscalía, también hay que decir que la educación inicia en nuestras casas”, declaró.
