La Ley Olimpia, que sanciona los delitos contra la intimidad sexual y la ciberviolencia es letra muerta para la vicefiscalía de la Mixteca. De 100 casos denunciados desde la aprobación de la reforma al Código Penal de Oaxaca, hasta la fecha, no hay sanciones, afirmó la colectiva Marea Verde Mixteca, quien ha dado acompañamiento en cada uno de los casos.
La denuncia que más logró avanzar fue la emprendida en diciembre del año pasado contra de Omar H. S., sin embargo, el domingo 21 de febrero de este 2021, las autoridades encargadas de procurar justicia determinaron no vincular al señalado a proceso bajo argumento de no tener pruebas suficientes.
“Éste hubiera sido el primer caso sancionado por la Ley Olimpia en la Mixteca, pero no ocurrió así. Aquí no le están dando la importancia requerida y la violencia digital es mucha, a la semana nos llegan dos casos. Desde la probación de la Ley Olimpia llevamos atendidos más de cien. El que más lejos ha llegado es el abierto conta Omar H. S., pero ayer decidieron no vincular a proceso y con ello pensamos que los demás pueden correr el mismo destino”, expuso una de las integrantes de la colectiva.
Las consecuencias para la víctima del delito contra la intimidad sexual se tornaron graves, pues al no haber una sanción contra el responsable y con las fotografías circuladas en grupos de redes sociales, enfrenta hostigamiento.
Fue en julio de 2019 cuando la 64 Legislatura reformó el Código Penal para tipificar delitos contra la intimidad sexual mediante la cual se establecen sanciones a la persona que por cualquier medio divulgue, comparta, distribuya, publique y/o solicite imágenes, audios o videos de una persona desnuda parcial o totalmente de contenido íntimo, erótico o sexual, ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima.
Las sanciones van de los 4 a 8 años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente, es decir de 84 mil 490 pesos a 168 mil 980 pesos.
Tras su publicación en el Periódico Oficial el 24 de agosto del 2019, el primer caso vinculado a proceso ocurrió en febrero de 2020 por un hecho cometido en San Pedro Amuzgos, distrito de Putla. El joven J. M. L. P. fue detenido en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, acusado de haber difundido fotografías y videos sin el permiso y consentimiento de la víctima con quien sostuvo una relación sentimental durante cuatro años.
