Hasta 15 años en prisión podrían alcanzar los ex secretarios de Finanzas, Gerardo Cajiga Estrada y Enrique Arnaud Viñas y el ex secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, los tres vinculados a proceso por su probable responsabilidad y colusión en el delito de peculado de 100 millones de pesos.
El fiscal general de Justicia del Estado Rubén Vasconcelos afirmó que es la pena máxima a aplicar en el este caso. “Obviamente (inculpados) pueden presentar los elementos que consideren necesarios, y en su momento defenderse no de las acusaciones que se efectúen de parte de la fiscalía, sino que el juez que valore adecuadamente la penalidad máxima que se podría imponer”.
El abogado confirmó que hay otras investigaciones abiertas –sin especificar cuántas– sobre otros casos de ex servidores públicos de la administración pasada, tanto de ex titulares de dependencias, como servidores de nivel medio y bajo.
Sin embargo, aclaró que mientras no haya una actuación de parte de la Fiscalía o bien se ejercite acción penal en contra de una persona, lo que se ha informado hasta el momento sobre otros ex funcionarios son suposiciones e información que no tiene sustento.
“El único sustento va hacer cuando se ejercite acción penal; lo demás son filtraciones de información, elucubraciones, nada que la Fiscalía pueda avalar”, dijo en referencia denuncias contra ex secretarios de Infraestructuras.
El fiscal minimizó la renuncia del tesorero municipal de Oaxaca de Juárez, Jorge Carbonell Caballero, toda vez que –dijo- se basó en lago que él piensa que puede existir.
“Nosotros nos vamos por hechos muy concretos; aquí no se admiten suposiciones, ni que alguien imagine que tiene una investigación en su contra; aquí hay procesos de investigación metodológicos trabajados, con muchas actuaciones, nada se inventa nada se supone”.
Vasconcelos Méndez reiteró que son “muchas” las investigaciones abiertas, incluso se están reabriendo las carpetas de años anteriores y administraciones pasadas donde alguien presentó una denuncia contra un sujeto de la administración pública.
Manifestó que se trabajan las querellas presentadas por la Secretaría de la Contraloría y por la Auditoría Superior del Estado y solamente en los casos en que se encuentren presunta responsabilidad, los casos se van judicializar.
