Funcionarios del Registro Agrario Nacional (RAN) y del Registro Civil dieron por fallecidos a más de mil comuneros de Santo Domingo Ixcatlán, entre ellos, a 22 habitantes de ese municipio que fueron beneficiarios con medidas cautelares, para que pierdan sus derechos como personas y derechos a la tierra, denunció el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes.
El activista informó que la supuesta representación comunal agraria de Santo Domingo Ixcatlán, avalada e impuesta por la Procuraduría Agraria (PA), desarrolló una asamblea el 12 de agosto de 2018, donde acudieron seguidores de una familia caciquil para separar a mil 013 comuneros del padrón.
Explicó que la asamblea declaró como fallecidos e incluso sepultados a los más de mil comuneros, entre ellos, a los 22 beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes aún se encuentran con vida.
Detalló que el acta de asamblea fue avalada y firmada en un el oficio DRC/UJ/699/2018, fechado el 20 de julio de ese año, por el jefe de la Unidad Jurídica de Registro Civil, Daniel Víctor Merlín Tolentino.
Subrayó que el RAN validó posteriormente el acta de asamblea de la supuesta representación de bienes comunales de Santo Domingo Ixcatlán, el 7 de septiembre de ese mismo año, violentando así a los comuneros de ese núcleo agrario.
Destacó que los funcionarios del RAN y del Registro Civil dieron por muertos a los mil 013 comuneros por conducto de la familia responsable del triple homicidio sucedido en Santo Domingo Ixcatlán, el 30 de abril del 2008.
Resaltó que los beneficiarios de medidas cautelares fueron violentados de su derecho al nombre, a la propiedad, al derecho a la protección de la dignidad, al derecho a la identidad y otros más de la Convención Americana de Derechos Humanos, al ser considerados como personas fallecidas.
De esta manera, en nombre del Cedhapi y del Consejo de Principales de Santo Domingo Ixcatlán, demandó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar estos hechos y sancionar a los funcionarios responsables.
