El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, integrada por organizaciones civiles de México y de otros países, celebrará su Primera Asamblea Internacional, los próximos días 13 y 14 en esta ciudad, para intercambiar opiniones sobre la situación de las garantías individuales y la democracia.
“Es que es necesario contar con un organismos de la sociedad civil para enfrentar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en cualquier parte del continente y del mundo”, afirmó la coordinadora internacional, Daniela González López.
En conferencia de prensa, la activista dijo que el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos fue creado para vigilar, documentar, analizar, difundir, exigir y promover el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos, la democracia participativa y la justicia, en los ámbitos local, nacional e internacional, en una perspectiva activa de construcción de la resistencia y el fortalecimiento del poder popular.
Para esto, observó que se conformó una red de monitoreo y compromiso por los derechos humanos de los pueblos, con lazos fuertes y dinámicos, nacionales e internacionales, para construir futuro y visión propia desde sus culturas, identidades y memorias colectivas.
Además, subrayó que constituye un instrumento de realización de la solidaridad, la autonomía, la igualdad, la justicia y la paz, pero sobre todo, espera ser un aporte para la transformación de un mundo, hoy plagado de injusticias y exclusión, hacia una sociedad democrática e incluyente.
“En sí, lo que se busca es profundizar la organización social para la promoción y lucha por los derechos humanos, la democracia y la justicia”, remarcó.
Precisó que en la Primera Asamblea Internacional, se presentarán los informes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos de los capítulos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Estados Unidos, Palestina y México.
González López dijo que en el evento se elaborará un plan de acción internacional, a partir de las ponencias e intercambio de opiniones sobre temas de derechos humanos, terrorismo mediático, asesinato de periodistas, dirigentes sociales, defensoras y defensores comunitarios y de derechos humanos, feminicidios, privatización de la educación, privatización del agua, imposición de proyectos mineros, eólicos y despojo del territorio.
