El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) celebró la resolución de la Primera Sala de la SCJN, donde determina que las acciones urgentes del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU son obligatorias, y exigió al Estado mexicano que cumpla con la acción urgente y medida cautelar otorgada por la desaparición de la oaxaqueña Yesenia Pascual Ramos.
El presidente de ese organismo, Maurilio Santiago Reyes, informó que la víctima fue vista por última vez el 12 de mayo de 2015 en una tienda comercial de calle Porfirio Díaz número 3, en Tlaxiaco.
Expuso que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU obliga a las autoridades mexicanas a aclarar de inmediato la suerte y el paradero de la víctima, así como tomar todas las medidas necesarias para su protección, garantizar estar bajo la protección de la ley y permitir contacto inmediato con sus familiares.
Explicó que en caso de estar detenida, apremia a informar de manera inmediata y oficial el lugar donde se encuentra y permitir a sus familiares visitarla.
Observó que en caso de no conocer la localización de la víctima, tomar las acciones necesarias para aclarar el paradero de la víctima a través de un plan de búsqueda y estrategia integral diseñado con participación de sus familiares y sus representantes, donde se tome en cuenta todas las hipótesis disponibles, incluyendo la posibilidad de trata de personas.
Detalló que la estrategia adoptada debe determinar las actividades y diligencias a realizar de manera integrada, así como su implementación debe contar con medios y procedimientos necesarios y adecuados para localizar a la víctima e investigar su desaparición.
Demandó a las autoridades asegurar que la información relacionada con la evolución y los resultados de la investigación se comuniquen de forma periódica y segura a los familiares y de la víctima, e implementar los medios de comunicación necesarios para permitir la participación de familiares y allegados en su proceso de búsqueda y en la investigación de su alegada desaparición forzada.
Santiago Reyes también requirió al Estado mexicano informar al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, así como a las familiares y allegados de la víctima, sobre las acciones tomadas, porque ha transcurrido más de un año de la emisión de la acción urgente y medidas cautelar.
