“Si alguien es responsable de la muerte de un menor por una mala práctica médica, es el Estado”, aseguró el secretario de la Confederación Nacional de Pediatría, Carlos Pacheco Skidmore, sobre todo cuando el paciente fue rechazado de una institución pública y se le atiende en una clínica privada.
Rechazó el “aspecto doloso” que se le da al proceso judicial que enfrenta el médico Luis M. por una operación quirúrgica que practicó el 26 de noviembre al niño Edwar, quien perdió la vida:
“Como médico me alarma y el caso se debe ver desde muchas aristas porque ninguno de nosotros queda exento de los riesgos que implican las cirugías mayores, pero finalmente el responsable es el Estado, porque fue al Hospital Valdivieso y no lo atendieron”.
Las 200 clínicas u hospitales privados que calculó existen en la entidad demuestran que el Estado no funciona: “La medicina privada está creciendo tanto porque falla el Estado. El niño (Edwar) llegó a un hospital donde debió ser atendido, que le tomaran la placa y tranquilizar a sus padres porque no era una super urgencia, pero en vez de eso tuvieron que acudir al servicio privado”.
Funcionan de manera improvisada
Es ahí donde considera no hay una supervisión de la operatividad y el cumplimiento de la normatividad porque a muchos se les ha autorizado funcionar de manera improvisada, “puestos en casas, sin elevadores, con enfermeras mal pagadas o sin título”.
Pidió que la muerte del menor Edwar se vea de manera multifactorial, “no es un sólo responsable, es una cadena de errores donde el Estado tiene una gran responsabilidad”.
Proceso confronta
Desde que se conoció del fallecimiento de Edwar, su familia relató que acudieron al Hospital General Aurelio Valdivieso de esta ciudad porque se fracturó un brazo en una zona de juegos, pero por el paro parcial no fue atendido; recurrieron a los servicios de un médico particular que le realizó una cirugía.
La denuncia en su contra propició que el pasado lunes la Agencia Estatal de Investigaciones ejecutara la orden de aprehensión en contra del médico Luis M. El caso ha tomado relevancia porque implica el primer caso que se judicializa como homicidio doloso.
De esa manera el proceso “va a llevar a una confrontación y divisiòn social donde nos van a llevar a realizar medicina defensiva, si no cuento con todos los requisitos no hago cesáreas y ahorita nadie estaría haciendo cirugías porque ha fallado el Estado”.
Polarización social mancha el caso
El caso de homicidio a partir de una práctica médica, además de ser el primero bajo el nuevo sistema de juicios orales en Oaxaca que se vincula a proceso, confronta a la comunidad médica con pacientes y contribuye a la criminalización de la profesión.
Así lo advierte el abogado, catedrático de la UABJO y consejero ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, (DDHPO), Héctor Lorenzo Estrada, para quien este “juicio mediático” va a repercutir en pacientes.
Es decir, los médicos pueden negarse a atender a una o un paciente grave por los posibles riesgos de un fallecimiento: “Los médicos dicen ya no voy a atender a una persona que llegué en estado de shock, si pasa algo voy a hacer juzgado, cuando no debería ser de esa manera”.
La actuación de algunos jueces en el país ha abonado a la desconfianza de la ciudadanía hacia la impartición de justicia, que temas como la detención del médico Luis M. por la muerte de un niño por una cirugía, se mediatizan.
Sociedad no es juez
Si el imputado es culpable, “tendría que estar en la cárcel con la sentencia que le fije el juez”, pero “si es inocente debe alcanzar su libertad”, un derecho que a veces tarda más de un año en recuperarse porque se realizó una mala investigación.
Si el caso cobró relevancia es porque representa la primera vez que un fiscal abrió un proceso que vincula a un imputado un procedimiento jurídico bajo el sistema de juicios orales.
Antes, en el sistema de justicia adversarial, “sí se habían girado órdenes de aprehensiòn en contra de médicos, pero el tratamiento que se solía dar era tentativa de homicidio y no como homicidio doloso, tal como está ocurriendo ahora”.
El defensor de derechos humanos pidiò no hacer juicios previos o mediáticos, porque la ciudadanía no es juez ni tiene la facultad para determinar si es culpable o inocente.
Desconfianza
El problema de fondo, consideró, es la fuga de información: “un procedimiento se debe seguir con toda la secrecìa en las fiscalías para que no se mediatice, pero tanto la imágen del imputado como de la víctima se vuelve pública”.
Si bien reconoce que el clima de impunidad y decepción ciudadana lleva a familiares a denunciar en los medios de comunicación las violaciones a sus derechos humanos o los delitos a los que se enfrentan, esa no debe terminar siendo una “presión” que influya para que se juzgue “a priori”.
“Un clamor de justicia no se puede convertir en presión", indicó.
