Después de regresar de un viaje turístico de cuatro días a Puerto Vallarta, el médico Martín Colmenares Méndez, un indígena zapoteco originario del Istmo de Tehuantepec, fue detenido por agentes de la Policía Federal (PF) sin algún mandato judicial y posteriormente, acusado de delincuencia organizada y del secuestro de los hermanos Álvarez Candiani.
“De forma súbita y violenta, mi vida entera cambió en unos minutos”, afirmó.
Y no es para menos, porque, sin prueba alguna de su participación en esos delitos, estuvo preso cinco años y siete meses en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Puente Grande, por delitos que no cometió.
La historia comenzó el 20 de mayo de 2013 cuando regresaban a Oaxaca en un autobús, al lado de su esposa, hija, hermanos y de compañeros de trabajo de una corporación internacional dedicada a la venta de productos relacionados con la nutrición.
Sin orden de presentación
“En la caseta de cobro San Martin Texmelucan de la autopista Puebla-Oaxaca, el autobús que rentamos para el traslado, donde viajábamos alrededor de 35 personas, fue detenido por policías federales armados y sin identificarse hicieron bajar a la totalidad de pasajeros, sin ningún motivo real o aparente”, contó.
Los agentes de la PF revisaron el celular de todos los ocupantes de la unidad, sin encontrar absolutamente nada, aunque pretendieron detener a su hermano sin causa justificada.
“Al ver que no lo dejan subir al autobús, bajo a ver qué sucede y, en ese momento, fui aislado del resto del grupo y de mi familia. Me dicen que no estoy detenido, pero que necesito acompañarlos para rendir declaración ante un Ministerio Público Federal”, narró.
A pesar de tener cuatro días fuera del estado, el subinspector de la PF, que se identificó como Juan Álvarez Galán, trató de persuadirlo para ir a declarar, por ser prácticamente un asunto rutinario
“Me dice ‘no importa, vamos, le dices al Ministerio Público Federal que no sabes nada, firmas y te regresas. Tres horas máximo ya estás de vuelta’. Incluso, firma a mi esposa un documento especificando que no estoy detenido y verbalmente le avisa al chofer del autobús, que continuara el viaje”, relató.
Ninguna prueba de acusación
De ahí, fue subido a un vehículo sin logo ni identificación oficial de la PF hacia la Ciudad de México, donde después fue presentado en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), sin haber de por medio alguna orden de aprehensión o por lo menos, de presentación.
“En la SEIDO, viví dos días de aislamiento físico total, tratos crueles e inhumanos e inclusive, fui torturado física y psicológicamente para ser obligado a firmar lo que fuera, con tal de que no le hicieran daño a mi familiares”, detalló.
Al día siguiente de su detención ilegal, peritos de la propia PGR determinaron que su voz no correspondía a la registrada en las grabaciones de la averiguación previa iniciada por delincuencia organizada y el secuestro de los hermanos Álvarez Candiani.
“El número telefónico del que llamaban a los familiares de las víctimas no correspondía ni a mi celular personal, ni al presentado al Ministerio Público Federal. Las otras ‘pruebas’ en mi contra se redujeron a un disco de audio en blanco”, refirió.
Al penal de Puente Grande
Junto al médico, otras 12 personas fueron detenidas –entre profesores de la Sección 22 del SNTE y activistas sociales–, y después sujetas a proceso, por supuestamente integrar un grupo del crimen organizado que participó en el secuestro de los hermanos Álvarez Candiani, sin conocerse o pertenecer a su círculo familiar, vecinal, laboral o social.
A pesar de no tener ninguna prueba de su participación, fue trasladado con los otros detenidos al penal de Puente Grande, Jalisco.
“Ahí, estuve aislado de mi familia, pues no la dejaron ingresar a visitarme. Las pocas veces que mi esposa pudo ingresar a verme, fue tras largos y engorrosos trámites, algunos innecesarios, excesivos, repetitivos o rayando en lo absurdo”, anotó.
Hasta que llegó nueva fuerza política
“Fueron cinco años y siete meses de una espera desesperante, una espera que consume, una espera que tristemente he descubierto, el Estado mexicano no utilizó para hacer algo al respecto y administrar y procurar justicia para todos, porque fui tratado como si fuera un verdadero delincuente”, describió.
La esperanza de obtener la anhelada libertad, regresó con la derrota electoral del PRI y la llegada de una fuerza política diferente al gobierno federal.
Fue así, que el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, el Ministerio Público Federal se desistió de la acción penal en su contra y de los demás acusados, por no existir elementos constitutivos de delito y por lo tanto, salió libre por no tener responsabilidad en los delitos imputados.
“El nuevo gobierno, más objetivo, al revisar nuestro caso y constatar las evidentes irregularidades, falta de pruebas e ilegalidad en su fondo, solo aplicando la ley como debe de ser, hizo posible nuestra inmediata liberación tan solo 27 días después de entrar en funciones”, asentó.
Por recomponer su vida
Ahora, después de recuperar su libertad, espera una disculpa pública y reparación del daño, porque después de cinco años y siete meses, perdió prácticamente toda su vida, entre esto, su casa, por los efectos del terremoto del 7 de septiembre del 2017.
“Hoy me encuentro libre, tratando de recuperar no el tiempo, sino mi vida, mi familia, mis actividades normales. Perdí trabajo, ingresos, productividad, mi negocio, mi familia, mi vida social, laboral y mis ahorros en el proceso. Quiero que se conozca mi caso, pues una injusticia del Estado contra un solo individuo, es una amenaza contra toda una sociedad”, terminó.
