Asesinatos, desaparición forzada, amenazas y tortura, son las principales amenazas que viven los activistas en el estado, aseguraron los representantes de la Coordinación para la Libertad de Personas Defensoras Criminalizadas en Oaxaca quienes exigieron castigo a estos delitos y pidieron a Andrés Manuel López Obrador que atienda la problemática.
La precariedad en la garantía de los defensores y el ambiente pernicioso en el que procuran la protección de derechos de comunidades que se sienten rebasadas por intereses gubernamentales y privados, son catalizadores para que los activistas estén en situación de vulnerabilidad.
Muestra del riesgo que conlleva la defensa de causas sociales son los nueves asesinatos de activistas, en que también se han registrado tres desapariciones que atribuyen a intereses políticos, así como dos ataques armados contra organizaciones sociales, nueves arrestos arbitrarios, siete allanamientos de domicilio y un caso documentado de tortura, todo esto ha sucedido en Oaxaca tan sólo en lo que va de 2018.
Yésica Sánchez Maya, de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de Género, señaló que la crisis que vive Oaxaca por la violación a los derechos humanos se agudizó en los dos últimos años con el regreso del PRI a la gubernatura.
Además que en cuestión de justicia y prevención en violencia de género, señaló que en los dos años de la actual administración del estado de Oaxaca tienen documentados 237 feminicidios, además de la desaparición de 398 niñas y mujeres.
Además, los defensores, entre los que se encontraba Javier Aluz, Yolanda Barranco y Cristóbla Ramírez, reclamaron la criminalización de la protesta y exigieron que el gobierno federal que entra en funciones este sábado, atienda esta problemática e instale una mesa de trabajo.
