Adela García Carrizosa fue sentenciada a 20 años de prisión acusada de ser cómplice del asesinato de su cuñado, quien pretendía violarla. Sin un traductor que le ofreciera la oportunidad de defenderse y la falta de sensibilidad del juez para conocer a fondo su caso, la indígena fue juzgada y condenada.
Adela muestra sorpresa al recibir una visita ajena a la de su abogado, Gerardo Martínez, desde que ingresó, hace 8 años, a un centro penitenciario; primero al penal de Cuicatlán, después al de la Villa de Etla, y, desde hace cuatro años, al penal femenil de Tanivet, Tlacolula.
Originaria de San Lucas Zoquiapam, perteneciente al distrito de Teotitlán de Flores Magón, la indígena rompe en llanto apenas y relata su padecer; para ella es un trago amargo recordar todo el proceso que hoy la mantiene presa por un delito que -asegura- no cometió, y la obligó a abandonar a sus dos hijas, de tres y un año y dos meses de edad, quienes se quedaron con su madre de 70 años.
La mujer por necesidad aprendió hablar castellano, relata lo acontecido aquella noche del 28 de mayo del 2009: “Yo me encontraba durmiendo con mis hijas que estaban chiquitas, mi esposo había salido a cuidar a su abuelita enferma, entonces tocaron la puerta, pregunté quién era, pero nadie contestó, volvieron a tocar y abrí la puerta pensado que era mi esposo, pero era Artemio Rosas, traía una pistola en la mano y me apuntó, dijo que si no quería estar con él me iba a matar y a mis hijos”.
En Oaxaca de los 4 mil presos en las cárceles, la mayoría tiene origen de algún grupo étnico
El 50% se mantiene presos sin sentencia
Se les vulneran sus derechos al no contar con un traductor y defensa adecuada
Noche aciaga
Adela se recuperaba de una cesárea practicada dos meses antes por la llegada de su segunda hija, y cuidaba de la primera de dos años de edad, en ese momento, al ver que su agresor le apuntaba en la cabeza, se echó a llorar y gritar, fue entonces que llegó su marido, Germán Rosas, y la defendió de su hermano.
“Mi esposo empezó a pelear con él, yo asustada de lo que pasaba tomé a mis hijas en brazos y salí corriendo”. El esposo, en defensa de su familia, terminó por matar a su hermano.
El calvario
Dos días después, ambos, Adela y Germán fueron detenidos y llevados ante el Juez Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez. En su escaso entendimiento del español, sin un abogado, traductor y sin saber leer y escribir, ambos se vieron obligados a firmar un documento donde aceptaban haber participado en los hechos.
“Tenía mucho miedo, era la primera vez que estaba en una situación así; hice lo que el juez me dijo”, relata la mujer que no recibió ningún tipo de acompañamiento y el abogado de oficio que le fue asignado en ese entonces nunca le informó por qué estaba ahí y realmente de qué estaba acusada.
En 2013, conoció a Gerardo Martínez, miembro del Centro de Profesionalización Indígena de Asesoría Defensa y Traducción A.C (Cepiadet), quien asumió la defensa del caso y hoy ha “apelado” su sentencia debido a las irregularidades que presentó el proceso.
La esperanza muere al último
Adela vive en la incertidumbre todos los días, pero aún guarda una pizca de esperanza para volver a ver a Rosa Isela y Mayra Abigaíl, quienes tienen ya 11 y 9 años de edad.
Relata que pasa horas imaginando el rostro de sus pequeñas porque, desde que está en prisión, no las ha vuelto a ver; tampoco sabe cómo están, si van a la escuela o si se acuerdan de ella.
“Mi madre ya es viejita, no tiene dinero y no podría viajar; no sé nada de ellas, pero si salgo de aquí lo primero que haré es buscarlas y darles un abrazo”.
Ruega porque las autoridades miren su caso, donde su condición de indígena ha sido factor para culparla de un delito sin darle la oportunidad de defenderse.
En Oaxaca la falta de traductores dificulta acceso a la justicia de indígenas
Tomás López, director del Cepiadet, sostiene que en general hay un problema estructural en el sistema de justicia del Estado, ya que en el caso de asignación de traductores o interpretes no existe el presupuesto necesario para que acompañen los casos de presos indígenas.
Quienes deben estar auxiliando a indígenas en sus juicios deben ser acreditados y certificados, pero en Oaxaca solamente se cuenta con 72 traductores con estas características, lo que representan el 13% de las 176 variantes lingüísticas que se hablan en la entidad.
Menciona que solo en el tema de presupuesto para cubrir intérpretes en materia penal se requeriría de 35 mil pesos para cada juicio donde participe un hablante de lengua indígena, los cuales si se multiplica por los presos que atiende el Poder Judicial local se requeriría más de 42 millones pesos, cifra que representa el 3.03% del presupuesto total que recibe tanto la Fiscalía como el TSJE.
"La pregunta es: si es más importante garantizar los derechos de la gente que más lo necesita o el Estado prefiere gastarlo en publicidad oficial", dice Tomás.
Tanivet y sus pecados
El año pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó el informe anual sobre la situación del reclusorio femenil de Tanivet, las anomalías referentes a la reinserción social de las internas se resumen:
Deficiente integración del expediente técnico-jurídico de cada interna.
• Separación entre procesadas y sentenciadas
• Actividades laborales y de capacitación
• Actividades educativas
• Actividades deportivas
• Acciones relacionadas con los beneficios de libertad anticipada
Fuente: DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria / CNDH
Se pasan años esperando sentencia
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca informó que en los 16 penales con los que cuenta la entidad hay una población de alrededor de 4 mil personas privadas de su libertad, cuyo origen de la mayoría está en algún grupo étnico.
De esta cifra, el 50% se encuentra sujeta a procedimientos con el sistema tradicional o en prisión preventiva en el nuevo sistema de Justicia Acusatorio Adversarial, es decir sin sentencia.
Juan Rodríguez Ramos, visitador general de la DDHPO, mencionó que hay personas privadas de su libertad con procesos que han rebasado los términos de ley a efecto de que se le dicte una sentencia ya sea en forma absolutoria o condenatoria.
La Defensoría actualmente tienen registradas al menos 10 quejas, sobre todo por la dilación en sus procesos, lo que representa una grave violación a sus derechos de acuerdo a la Constitución porque se atenta contra el principio al derecho de una justicia pronta y expedita.
Rodríguez Ramos indica que la población presa indígena ha sido la más afectada por su condición, además de la falta de recursos no les permite acceder a un abogado privado, y los abogados de oficio no garantizan prontitud en su defensa.
Aunado a que por falta de un traductor se han tenido que reponer los procedimientos, pues los imputados, al no ser asistidos por un intérprete, la sala penal ordenar empezar los juicios. "Increíble, se pasan años en la cárcel en espera de su sentencia".
Por otro lado, hay casos de tortura, maltrato y otras violaciones que atentan contra la dignidad humana de las personas que están privadas de su liberad.
