Alentadas por la falta de políticas públicas para responder a la dinámica de crecimiento, desarrollo económico, igualdad, ideas y justicia, las mujeres en Oaxaca y el país tomaron el desafío y liderazgos desde la sociedad civil para reclamar el desinterés de los gobiernos.
La lucha por la justicia
Los días transcurrían de manera tranquila para Elvira Camacho Bautista, dividía sus tiempos entre la atención a su negocio, una florería, y la familia integrada por su esposo y tres hijos, pero el 4 agosto de 2013 no volvió a ver a su hija mediana, Ivonne.
La joven universitaria desapareció misteriosamente cuando acudía al templo católico del Ex Marquesado a escuchar misa. Dos días después, el 6 de agosto, Ivonne fue encontrada muerta en un terreno baldío en jurisdicción de San Agustín Etla, tenía el rostro desfigurado de tanto golpe.
Ese día, la vida de Elvira dio un vuelco, entró a un peregrinar por la búsqueda de justicia para su hija. Junto con otras mujeres, cuyas hijas fueron víctimas de feminicidio, fundaron la Unión de Mujeres Víctimas de la Violencia en Oaxaca en 2015 y a la fecha mantienen un ir y venir de tocar puertas con la esperanza de fincar penas a los responsables de los feminicidios.
En Matías Romero se han dado mas 410 casos de violencia hacia mujeres, pero los casos son ocultados o ignorados
Espinoso camino
A casi 5 años mantiene el paso en un camino lleno de espinas que a la fecha evita la detención del presunto feminicida de su hija; Elvira mantiene una llama de esperanza, no decae, aunque hay días que sus piernas se doblan de cansancio, “lo hago por ella por lograr justicia, me la arrebataron de tajo, le truncaron su vida”.
Su semblante es firme y señala que en Oaxaca el mayor obstáculo para lograr justicia lo han encontrado desde el mismo sistema encargado de procurar justicia. “No voy a descansar hasta lograr ver al responsable que pague y no me voy a callar”.
La lucha contra la violencia
Desde muy pequeña, Blanca Sheila Jacobo Castañón escuchaba a su madre repetir las dificultades que tenía en su comunidad para acceder a sus derechos como ejidataria en la comunidad de Boca del Monte, perteneciente a San Juan Guichicovi, Istmo de Tehuantepec.
“En un municipio indígena como los nuestros, donde la participación era exclusiva de los hombres, mi madre contaba que quería expresarse y no la dejaban, todo eso me marcó”.
Abogada de profesión, a sus 24 años de edad, Blanca se incrustó en las filas del activismo social para apoyar y dar la cara por las mujeres, niñas y adolescentes que se encuentran en una situación de violencia de género, familiar y laboral.
Se sumó a la Unión de Comunidades Indígenas en la Zona Norte del Istmo, con presencia en Matías Romero, y desde este espacio se ha adentrado en temas de violencia que padecen sus paisanas. Su primer caso fue uno de los más difíciles, el de Jenny en Matías Romero, la chica de 18 años a la que su esposo roció con gasolina y luego prendió fuego. Jenny descansa en el panteón municipal.
En últimos meses, la violencia hacia las mujeres en la zona norte del Istmo de Tehuantepec se ha recrudecido, pero a la vez se ha ocultado, dice Blanca que recientemente dio batalla por una joven de 18 años a punto de ser una víctima más de la violencia que padecía en el noviazgo. “Estuvo apunto de ser asesinada, afortunadamente la logramos ayudar y hemos encontrado un refugio para ella”.
El reto de esta joven es lograr que el sistema de justicia no dé carpetazo a un caso más de violencia contra las mujeres de su región. “Lo viví en carne propia y no fue hasta que nos movilizamos como nos han mirado”.
En Matías Romero en 2017 se presentaron 417 casos de violencia hacia mujeres, en sus distintos tipos, de cuales dos fueron feminicidio. Este municipio ocupó el lugar 39 a nivel nacional entre los más violentos.
Por la defensa de los recursos naturales
“El derecho al agua lo tenemos todos, debemos cuidarla y defenderla”, afirma María de los Ángeles Santiago Sánchez, la indígena zapoteca férrea defensora, junto con otras mujeres, del recurso hídrico al que deben tener acceso las comunidades.
María vive en San Antonino Castillo Velasco, comunidad que, tras la sequía que azotó a la región en 2005, se organizó para realizar obras de captación de agua que permitieran enfrentar la falta del líquido, pero también para exigir a la Conagua levante el decreto de veda que mantiene para municipios de los Valles Centrales.
A través de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda), organización a la que se sumó hace más de ocho años, en representación de su padre debido a que es discapacitado visual. María dice que desde estos espacios han aprendido a luchar por los derechos y por el bien común de habitantes de 16 pueblos de los Valles Centrales.
“No tengo miedo, nuestra lucha es pacífica, desde el ámbito legal, pero sí nos enfrentamos a un aparato burocrático que, al parecer, apuesta a que nos cansemos y abandonemos la lucha”.
Señala que debido al Decreto de Veda de agua subterránea que mantiene la Conagua, a los campesinos se les impide aprovechar libremente este recurso. Por eso, a través de un proceso de consulta a los pueblos indígenas, solicitan a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que modifique el Decreto de Veda.
La Copuda exige el derecho de libre determinación y la autonomía de las 16 comunidades zapotecas integrantes, para tener la facultad de elaborar y emitir normas de regulación comunitaria del uso y disfrute de las aguas del subsuelo.
