Frente al aborto, las mujeres en condición de pobreza tienen sólo dos opciones, la muerte o la cárcel. La falta de solvencia para acceder a métodos anticonceptivos, la violencia sexual y la marginación las coloca ante embarazos no deseados y abortos riesgosos. Es un volado a cara o cruz.
De 2016 a 2018, 39 mujeres en Oaxaca enfrentaron algún proceso penal por aborto. Aunque no existe un estudio a fondo y datos precisos, se estima que las mujeres involucradas estaban en condiciones de pobreza.
Los datos de Incidencia Delictiva del Fuero Común del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, señalan que, en promedio, anualmente 15 mujeres son denunciadas por abortar fuera de las cuatro causales establecidas en el Código Penal de Oaxaca.
Sin acceso a la salud
Las cifras de denuncias por aborto son incluso más altas que la de abortos legales bajo la figura de Interrupción Voluntaria del Embarazo registrada por la Secretaría de Salud de Oaxaca.
Mientras que, de enero a agosto de 2018, los hospitales de los SSO realizaron sólo tres abortos seguros, en el mismo lapso enfrentaron procesos penales 8 mujeres.
“La ley que prohíbe el aborto castiga a las mujeres pobres, a quienes no tienen acceso a los satisfactores básicos por lo tanto no tiene acceso a los servicios de salud que debe de proveer el estado y es un acumulado de violación de derechos humanos de las mujeres”, señaló Norma Iris Santiago Hernández, integrante de la Red Chimalli Por los derechos de Todas y Todos.
Las mujeres indígenas viven una mayor dificultad para tener acceso al aborto legal y seguro. FOTO: Emilio Morales
Librada, encarcelada por abortar
Uno de los casos emblemáticos y que ilustran como el aborto es un delito cuya sentencia sólo pagan las mujeres en pobreza, es el de Librada.
La mujer, entonces de 23 años de edad y madre de tres hijos, uno con leucemia, vivió encarcelada durante nueve meses tras haber sido condenada por el delito de aborto. La mujer pudo haber obtenido su libertad bajo fianza pero no pudo pagar los 50 mil pesos establecidos por el juez.
La mujer vivía en pobreza en un municipio de Pochutla compartiendo la casa de sus suegros. Ella no sólo perdió nueve meses de su vida en el penal, sino que obtuvo el rechazo de su familia. Actualmente se encuentra separados de ellos.
Maricarmen Ortega, una de las personas que dio acompañamiento al caso, recordó que Librada fue acusada por el delito de aborto luego de haber parido de manera espontánea en los baños del Hospital de la Niñez en donde se encontraba internado uno de sus hijos.
De acuerdo a lo declarado en su momento por la mujer, en el evento perdió la conciencia y al despertar estaba siendo trasladada ante el ministerio público del Hospital Civil.
Durante los primeros meses, organizaciones feministas intentaron reunir el dinero para la liberación de la mujer sin embargo no lograron hacerlo y Librada tuvo que cumplir una condena de 9 meses.
Oaxaca entre los estados con la penalidad más alta por aborto
A nivel nacional Oaxaca es uno de los estados con las mayores penalidades para las mujeres que abortan.
El artículo 313 estipula que la sanción va de uno a seis años de cárcel, sin embargo, con una redacción completamente misógina apunta que la condena puede ser menor e ir de seis meses a dos años siempre y cuando la mujer “no tenga mala fama, que haya logrado ocultar su embarazo y que éste sea fruto de unión ilegítima”.
En México se contempla que el aborto es legal en siete circunstancias, pero no todas aplican en cada estado, en Oaxaca, por ejemplo, sólo está permitido en cuatro causales: violación, imprudencia de la madre (accidente), peligro de muerte de la madre y malformación congénita del producto.
En el caso de violación el aborto es permitido en los 32 estados de la república, imprudencial en 29 estados; por peligro de muerte de la madre en 24; por alteraciones genéticas o congénitas del producto en 16; en caso de daño grave a la salud de las mujeres en 14 estados.
Por inseminación artificial no consentida en 13 estados y por razones socioeconómicas en dos estados
A pesar de que en el estado se permite la interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en cuatro de las siete causales, sobre todo en caso de violación las mujeres no ejercen su derecho al aborto debido a la revictimización, la lejanía de los hospitales y el desconocimiento de la normatividad. Lo anterior ha orillado a que un número indeterminado, pero alto, tengan que enfrentar embarazos no deseados, así como las responsabilidades que ello implica.
Solo 10 hospitales de alto nivel
La Responsable del Departamento de Capacitación del Programa de Prevención y Atención de Violencia Familiar y de Género de los Servicios de Salud de Oaxaca, Berenice Matus Régules, señaló que en toda la entidad hay diez hospitales de segundo nivel que cuentan con personal capacitado para la IVE.
Desde el 2016 -explicó- ya no es necesario que las mujeres acudan previamente al ministerio público a presentar una denuncia para solicitar la IVE. El procedimiento es confidencial, no se prejuzga y sólo basta con que la mujer solicite de manera escrita la interrupción del embarazo la cual ampara al médico que realizará el procedimiento.
