Este 14 de junio se cumplen 14 años del frustrado desalojo que intentó hacer la policía del plantón magisterial que se mantenía como protesta contra el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, en el Zócalo y la Alameda de la ciudad.
En el 2016, diez años después de los hechos del frustrado desalojo magisterial, la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO), creada por la 60 legislatura estatal e integrada por el sacerdote José Alejandro Solalinde Guerra, la defensora de derechos humanos Marina Patricia Jiménez Ramírez y el periodista Diego Enrique Osorno González, documentaron los hechos para describir la acción policial que dio inicio a la polarización y rompimiento del tejido social y familiar, traumatismo colectivo, degeneración de la calidad de vida, desplazamientos, entre otros impactos psicosociales.
Los días previos
En el resumen ejecutivo del informe titulado: “Ya sabemos. No más impunidad en Oaxaca”, se señala que la movilización social del 2006 inició con la entrega del pliego general de demandas por parte de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el día 1 de mayo de ese año, y se intensificó al no encontrar interlocución con el gobierno estatal.
Añade que al iniciar la cuarta semana de movilizaciones, los trabajadores de la educación hicieron efectivo el inicio de acciones para boicotear las elecciones federales de julio.
El 12 de junio tomaron las oficinas del consejo distrital electoral de Santa Lucía del Camino y la Junta Local del Instituto Federal Electoral, paralizaron actividades en diversas dependencias públicas del estado y tomaron la caseta de peaje de Huitzo.
Un día después, 13 de junio, la asamblea estatal del magisterio acordó impedir los actos de proselitismo electoral en la ciudad de Oaxaca de Juárez y realizar una mega marcha el 16 de junio.
Destaca que durante el transcurso de este día y el siguiente se intensificaron los rumores de un desalojo de los maestros del Zócalo, mismo que se hizo efectivo a las 4:30 horas del 14 de junio y se prolongó por más de cinco horas.
La acción se denominó Operativo de Liberación de Vialidades del Centro Histórico y en el mismo participaron policías estatales, municipales, ministeriales, bomberos y perros policías.
La irrupción
Narra que en un primer momento el uso excesivo de la fuerza por parte de los elementos de seguridad pública generó caos y confusión. La COV estima en cientos los heridos, de ambos bandos, aunque toda cifra es incierta.
Ni los servicios de salud ni de justicia, brindaron atención a los agredidos.
Repuestos de la sorpresa, los maestros confrontaron a los elementos de seguridad, en un enfrentamiento violento que duró más de tres horas.
En estas acciones grupos solidarios de vecinos acudieron al auxilio de los manifestantes.
Manifiesta que a la agresión en el Zócalo antecedió la incursión de policías ministeriales en el Hotel del Magisterio y la entrada de elementos de la Unidad Policial de Operaciones Especiales (UPOE) en el edificio sindical de la sección 22 del SNTE, donde se registraron agresiones y detenciones arbitrarias.
Expone que minutos después del primer operativo al hotel, elementos de la policía estatal preventiva ingresaron por varias vías al plantón magisterial ubicado en aproximadamente 56 cuadras del Centro Histórico.
Los policías portaban cascos, escudos, chalecos antibalas, picanas, escopetas lanza gas, cilindros de gas lacrimógeno, granadas de gas rojo y blanco, granadas aturdidoras, gas pimenta y gas lacrimógeno e incluso armas de fuego; además se utilizaron helicópteros para lanzar granadas de gas lacrimógeno y pimienta.
“En el momento en que ingresaron los elementos de seguridad pública del estado al plantón, se encontraban miles de maestros, maestras y miembros de organizaciones sociales, muchos de ellos acompañados por familiares, hijos e hijas. Se estima que se encontraban entre 20 y 30 mil personas. La irrupción policial fue sorpresiva y violenta, sin tener en cuenta la salvaguarda de las garantías individuales y derechos humanos de los presentes en el lugar”.
Afirma que a su paso, los elementos policiales golpearon y agredieron verbalmente a los maestros y miembros de las organizaciones sociales que se encontraban presentes; extrajeron los objetos de valor dejados por los manifestantes en su intento por huir del lugar, destruyeron las tiendas de campaña y dormitorios improvisados instalados para posteriormente quemarlos.
El uso indiscriminado de gases lacrimógenos, granadas de distracción y aturdidoras, además de afectar a los manifestantes afectó a niños, niñas que acompañaban a sus padres y madres, transeúntes, turistas, periodistas y vecinos en general”.
Operativo fallido
Dice que los elementos de la UPOE también destruyeron Radio Plantón, donde nuevamente se registraron detenciones arbitrarias y fueron agredidas las personas que intentaron refugiarse en el edificio magisterial.
Sin embargo, a las 7 horas de ese día, comenzaron a llegar a la zona diversos contingentes de profesores, estudiantes, militantes de organizaciones sociales y civiles, colonos, padres de familia, entre otros, lo que convirtió el escenario en una batalla campal que se extendió por toda la ciudad, por lo que los policías emprendieron la retirada al verse superados en número y por haber agotado gran parte de su parque disuasivo.
A las 9:00 horas la policía ministerial se retiró por las calles de Bustamante y Miguel Cabrera en dirección al Periférico.
También comenzaron a replegarse los policías ministeriales, preventivos y auxiliares, en su lugar quedaron los diversos contingentes de maestros y ciudadanos que arribaron al zócalo en apoyo de los manifestantes agredidos.
La solidaridad ciudadana y de diversas organizaciones que se reunieron en zócalo ese día, fue el preámbulo de lo que días después sería la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)”.
Lo grave es que a 14 años de la agresión gubernamental y a pesar de los informes de la CVO, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ningún funcionario público haya sido castigado conforme a la ley, por estos hechos que continúan lacerando al pueblo de Oaxaca.
