CIUDAD DE MÉXICO, abril 6- A tres días de que se revelara el caso Panama Papers, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que investiga a 33 personas relacionadas por mantener inversiones en ese país, considerado paraíso fiscal.
“Treinta y tres casos son los que estamos viendo, algunos de ellos incluso tienen auditoría abierta, la mayoría tiene que ver con actividades empresariales; por la complejidad de los casos en algunas situaciones podría durar hasta dos meses para conocer si utilizaron algún mecanismo legal para pagar sus impuestos y a partir de ahí la auditoría podría tardar de 12 a 24 meses”, explicó Aristóteles Núñez, jefe del SAT, en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva.
Precisó que encontraron que de la lista de mexicanos que se menciona en la indagatoria del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, 18 tienen una auditoría abierta, aunque no dio nombres.
Dijo que hasta el momento no han sido notificados por ser procedimientos internos de primera fase.
Núñez mencionó que existe el programa de retorno de inversiones que fue aprobado por el Congreso de la Unión el año pasado como parte de los incentivos fiscales.
Se trata de un mecanismo mediante el cual los mexicanos con inversiones en el extranjero, y que no declararon al fisco la existencia de las ganancias obtenidas, pueden regularizar su situación. Aunque recalcó que el programa es únicamente para recursos de procedencia lícita.
El mecanismo está vigente sólo hasta junio de este año, aclaró el funcionario. “Lo único que hace este programa, es que se evita una contingencia penal, en caso de no acudir a ese programa la autoridad tiene la reserva de llevar a cabo esas auditorías”.
Piden acciones. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, pidió al jefe del SAT investigar a los personajes vinculados al escándalo Panama Papers, pues de comprobarse origen ilegal de los fondos debe promoverse la extinción de dominio.
Zambrano, acompañado de diputados y dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se entrevistó con Aristóteles Núñez, a quien expresó la preocupación de su partido porque pudiera aplicarse una suerte de “amnistía fiscal o de permitir el regreso de esos capitales sin importar su origen”.
Luego de que se conociera que empresarios, funcionarios y criminales mexicanos habrían invertido en paraísos fiscales vía la firma panameña Mossack Fonseca, Zambrano demandó una investigación y eventual proceso para que los recursos, si son ilegales, se queden en las arcas del Estado mexicano.
Slim dueño del cine de oro
Sebastián Barragán y Karlijn Kuijpers
Ismael Rodríguez Vega y Roberto Rodríguez Enríquez, herederos de los derechos de transmisión sobre 253 películas, algunas de ellas pertenecientes a la Época de Oro del Cine Mexicano, evadieron al fisco durante la venta de los derechos por un monto de 35 millones 420 mil dólares a la empresa América Móvil, perteneciente al multimillonario Carlos Slim.
En este negocio intervino el despacho de abogados Doporto & Asociados -como representantes de los hermanos Rodríguez Ruelas- y la firma Mossack Fonseca, que se encargó de crear una estrategia que pasó por fideicomisos en Nueva Zelanda, empresas en Ámsterdam y en las Islas Vírgenes Británicas –uno de los paraísos fiscales caribeños- de acuerdo con documentos e información obtenida dentro de la investigación periodística internacional Panamá Papers.
Durante décadas, Televisa gozó de esos derechos. Las películas mexicanas de esa época se transmitieron en toda Latinoamérica y en otras partes del mundo. Sin embargo, hubo un desacuerdo cuando los herederos de los hermanos Rodríguez Ruelas intentaron renovar su contrato con la empresa propiedad de Emilio Azcárraga Jean.
La transacción tuvo dos momentos clave. En diciembre del 2014, los herederos entregaron por 500 mil dólares los derechos de esas cintas a una empresa holandesa llamada Movie Capitals, una firma que existe solo en el papel, creada por el despacho Infintax en Ámsterdam.
Apenas cinco meses después, en mayo del 2015, esos mismos derechos se vendieron a la compañía América Móvil en 35 millones 420 mil dólares; es decir, 70 veces el valor que se asignó en la primera operación. (Información de Aristeguinoticias.com)
