El proceso electoral en Oaxaca está plagado de denuncias. De septiembre de 2017, en el arranque de los comicios, a mayo de 2018, suman 79 carpetas de investigación ante la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales (FEPADE) del estado.
Las denuncias siguen acumulándose. Algunas de éstas han sido ventiladas en tiempo real a través de las redes sociales como Facebook.
En una transmisión hecha desde la cuenta del usuario Cortamortajas, se observa como una camioneta pick up con el logotipo de la Secretaría de Salud es detenida por el presunto delito de utilización de recursos públicos con fines electorales a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El vehículo con placas RW-37-290 transportaba a seis personas, de las cuales tres portaban playeras de apoyo al candidato a la presidencia municipal de Santo Domingo Tehuantepec, Donovan Rito García. Las mujeres que viajaban en la batea de la camioneta pretendían esconder el logotipo del candidato.
En el intento de los elementos de seguridad para el aseguramiento del vehículo, un grupo de personas se arremolinó para impedirlo. Sin embargo al final todos fueron trasladados en la unidad de la policía municipal.
La titular de la Fepade en Oaxaca, Aracely Pinelo, precisó que entre los principales delitos denunciados han sido por falsificación de documentos para la realización de un trámite en materia electoral, otros por amenazas y principalmente por compra y coacción del voto.
La fiscal especial señaló que hay en algunos casos las denuncias fueron itnerpuestas de manera anónima a través de las líneas telefónicas. En estos casos los agentes de investigación son enviados a verificar los casos. Otro tanto son carpetas en específico en donde hay elementos e incluso comparecencias programadas.
Algunas de las acciones establecidas como delitos electorales son: recoger en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos; organizar una reunión o el transporte para llevarte a votar y decir por quién votar.
Además está prohibido que los servidores públicos coaccionen, induzcan o amenacen a sus subordinados para que voten o se abstengan de votar por una opción dentro de la consulta popular, entre otros.
