Diputados de la fracción parlamentaria del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentarán el próximo martes una iniciativa de ley de austeridad del estado de Oaxaca, que prevé un ahorro de entre 1 mil y 1 mil 500 millones de pesos, lo que representa una reducción del 30 por ciento del Presupuesto de Egresos 2019.
En conferencia de prensa los legisladores Horacio Sosa Villavicencio, Mauro Cruz y Freddy Delfino Avendaño afirmaron que estos recursos se reorientará a políticas y programas enfocados a romper la brecha de la desigualdad social, así como a la inversión pública dirigida a la dotación de servicios básicos de la población ubicada en los municipios con alta marginación.
Aseguraron que la misma tiene por objetivo controlar gastos excesivos e innecesarios a través de la intervención del Congreso, en la aprobación de las ampliaciones del presupuesto de cada dependencias y de los poderes públicos.
Manifestaron que los principales elementos de la iniciativa son: la aplicación de medidas de austeridad en la planeación, programación y ejecución del gasto gubernamental que aplican los tres poderes del estado, órganos autónomos y cualquier persona física o moral que reciba, administre o ejecute recursos públicos estatales.
Además de la reducción de salarios y prestaciones de los servidores públicos de alto nivel de los poderes del estado y los órganos autónomos. “Ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la establecida para el gobernador del estado”.
También se contempla la prohibición de contratar, con cargo a los recursos públicos, seguros privados de gastos médicos, de vida o separación individualizada. “Los servidores públicos deberán recibir atención médica en los sistemas de seguridad social”.
Así mismo proponen prohibir conceder privilegios de jubilación, pensiones discrecionales o haberes de retiro.
En la sala anexa al salón del pleno del Congreso estatal, agregaron que no estarán permitidos los gastos por escolta personal, salvo para los servidores públicos encargados de la seguridad pública, procuración e impartición de justicia; el uso de vehículos oficiales será exclusivamente con fines de utilidad pública y en las adquisiciones se optará por vehículos utilitarios, austeros y funcionales.
También habrá restricciones al gasto en publicidad oficial, disminuyendo al mínimo posible la contratación de tiempos comerciales; se limitarán los gastos de traslado, hospedaje y alimentación, siendo deber de los servidores públicos presentar un informe pormenorizado de actividades de representación y gastos comprobables; y se restringirán los montos erogados por servicios de telefonía, fotocopiado, energía eléctrica, combustible, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas y equipo de telecomunicaciones.
La iniciativa propone que cualquier persona pueda denunciar la contravención de la ley y su incumplimiento se considerará como falta administrativa grave.
