Hoy, en el Día del Niño, el diputado Francisco Martínez Neri, coordinador parlamentario del PRD en San Lázaro, urgió a los congresos locales a armonizar sus marcos jurídicos con la Ley General de Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de la infancia.
El también integrante de la Comisión de Educación señaló que el 37 por ciento de la población total del país corresponde a niñas, niños y adolescentes; es decir, en promedio 41.5 millones de mexicanos son menores de 18 años de edad; por lo que es fundamental la armonización.
Dijo que es necesario asignar recursos públicos suficientes para la implementación del Sistema Nacional de Protección Integral y los Sistemas Locales y Municipales de Protección, así como la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, “ya que una mayor inversión asegurará la ampliación de oportunidades y desarrollo de las capacidades de los menores de edad, lo que contribuirá al desarrollo social, económico, político y cultural de México”, aseveró.
Martínez Neri recordó que Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en 2014, fue expedida entre otras cosas para castigar de forma más severa a quien encubra actos de pederastia; aumentar la edad legal para contraer matrimonio a 18 años; armonizar la ley con los distintos tratados internacionales en los que México está suscrito.
En este ordenamiento se suscribe la creación del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que tiene como propósito que los menores acusados de algún delito tengan acceso a un proceso equilibrado, en el que se respeten sus derechos y en caso de resultar responsables puedan completar su sentencia en un ambiente que promueva su reintegración social y familiar”, destacó.
El líder del sol azteca en la Cámara de Diputados puntualizó que es impostergable instituir a nivel federal y local las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, con el objeto de realizar un efectivo resguardo de los derechos consagrados en la Constitución.
