“Yo quería mover el camión, quería sacar a mi papá de ahí, quería que despertara, que se parara y llevarlo a casa, pero él ya no me oía, ¡él ya estaba muerto, ese tipo nos lo mató!”
Con voz entrecortada, Maura Díaz Luján recuerda la fatídica mañana del 5 de noviembre, cuando el autobús del transporte urbano de la empresa Transportes Urbanos y Suburbanos Guelatao (Tusug), con número B-070, ocasionó el accidente en el que murió su padre Tomás Díaz Pacheco, en el Fraccionamiento Montoya.
Esta semana, es para la familia Díaz Luján la más terrible de sus vidas. Dolor, coraje, impotencia y una tremenda sed de justicia es la mezcla de sentimientos que sacude sus vidas; la muerte de su padre, advierten, debe ser la última que se registre como parte de la ola de accidentes que provoca el “pulpo camionero”.
"Fue un crimen, no un accidente"
Tomás, a sus 80 años, se mantenía con mucha vitalidad, energía y alegría, era un hombre sano; la idea de que para finales de año se reuniera toda su familia con motivo de las fiestas navideñas, lo tenía muy entusiasmado.
Ese domingo, como muchos otros, el padre de Maura y cinco más, salió a caminar por la zona. De vuelta para el almuerzo, y confiado de que el tope que se ubica en el cruce de las calles Ignacio Mejía y Margarita Maza, detiene forzosamente la marcha de cualquier vehículo que transita por la zona, decidió atravesar la bocacalle para llegar a casa.
Tomás jamás imaginó que el irresponsable chofer del autobús, lejos de detenerse, aceleraría su marcha y le quitaría la vida.
“Eso fue un crimen, no un accidente y de ello, los únicos responsables son los propietarios de los camiones, a quienes únicamente les interesan sus cuentas y que no se fijan a quiénes contratan. Seguramente, como otras veces, el chofer venía tomado o drogado; ha pasado en otras ocasiones, por eso no le importó matar a mi padre”, dijo Maura.
La familia de Tomás sabe que la detención del chofer responsable no devolverá su vida, pero hoy más que nunca tienen claro que dedicarán su esfuerzo a impedir que otras vidas terminen bajo las llantas de un camión urbano.
Se generaliza exigencia
Hace no mucho, la Secretaría de Movilidad autorizó el incremento al pasaje -hasta en 8 pesos- a los concesionarios del transporte urbano; dos años antes habían logrado la tarifa de 7 pesos; en ambos momentos, los titulares de la dependencia, Alejandro Villanueva López y Carlos Alberto Moreno Alcántara, justificaron el alza refiriendo una serie de compromisos que asumirían los dueños de autobuses, entre ellos, garantizar la capacitaciòn y responsabilidad de sus choferes.
Hoy, las estadísticas de accidentes y las quejas recurrentes de los usuarios, dejan claro el incumplimiento de los concesionarios y como muestra, queda la muerte de Tomás y de una persona más que el mismo día fue atropellada y muerta en la Avenida Central, por otro autobús.
“Me parece que es necesario que los ciudadanos pongamos un alto a las arbitrariedades de los camioneros; he visto cómo nos ponen en riesgo con sus carreras, o cuando van hablando por teléfono; también he sido testigo de cómo los agentes de tránsito son silenciados con la famosa mordida que les dan los choferes; el resultado es la muerte de inocentes como los del domingo”, dice Abelarda López.
De su lado, Karen Cortés expuso que el servicio es pésimo y la actitud que asumen los concesionarios frente a lo que son sus responsabilidades, es a todas luces una burla para los usuarios.
“Los choferes nos faltan al respeto, son irresponsables y los camiones están en malas condiciones; ya es hora de que pongan un alto porque ni a los concesionarios ni al gobierno, les importa el pueblo”, puntualizó.
Las voces de reclamo por el servicio de transporte público que se presta en la ciudad, se ahogan en el aire; la gente tiene miedo y coraje ante la cobardía de los choferes que el pasado domingo dejaron tiradas a sus víctimas, como cada vez que sucede un accidente y frente a la falta de control y exceso de complacencia que muestra la autoridad ante el pulpo camionero.
